En la sesión del miércoles, la Cámara de Senadores resolvió aplazar el tratamiento del proyecto de ley que modifica el artículo 8° de la Ley N° 609/95 ‘Que organiza la Corte Suprema de Justicia y deroga la Ley N° 7.058/2023″. Por pedido del senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, se emplazó a las comisiones a emitir dictámenes y al pleno a definir de forma “urgente” el tratamiento de la norma.
Según lo expuesto por la senadora Paredes, el proyecto busca alterar la actual ley que regula los mandatos de los superintendentes de las circunscripciones judiciales. Mencionó que el caracu del proyecto de ley presentado por los senadores cartistas Natalicio Chase y Silvio “Beto” Ovelar y el liberocartista Édgar López es la designación de los presidentes de las distintas circunscripciones judiciales.
“Ellos quieren urgentemente cambiar esta ley vigente porque en febrero del año que viene tienen la obligación de designar, conforme la ley vigente, a los distintos presidentes de las circunscripciones. ¿Y qué dice la ley vigente? Que deben durar en sus funciones dos años y que pueden ser reelectos pero de manera alternada”, mencionó.
Indicó que el punto clave es que, con la ley vigente —promulgada en 2023— los ministros superintendentes de las circunscripciones tienen mandato de dos años, no pueden ser reelectos para la misma circunscripción en forma consecutiva, sino de manera alternada.
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Feudos regionales y Alto Paraná como objetivo
La senadora identifica a la circunscripción de Alto Paraná como uno de los feudos más codiciados.
Habla del trasfondo de la norma y asegura que algunos ministros de la Corte no quieren llegar a febrero de 2026 con esta ley vigente “porque eso significa que, por ejemplo, (el ministro César) Diesel que se adueñó de la circunscripción de Alto Paraná tenga que cambiarse y yo estoy segura en un 99% de que no quiere salir ahí porque es la circunscripción más apetecible a nivel país, donde se mueve gran parte de la riqueza del país, donde están los controles aduaneros, donde están los comercios, donde están las empresas sospechadas de lavado de dinero, de evasión de impuestos y ahí está el caracu de la cuestión”, dijo la parlamentaria.
También afirmó que “están los sojeros, los importadores. Entonces, ese es el tema acá. No llegar a febrero, por eso la urgencia”, manifestó.
Paredes critica que el senador Javier Zacarías Irún sea elegido como vocero de la Corte para defender el proyecto: “El hecho de que le tomen a Javier Zacarías como vocero de la Corte es un despropósito. Para mí es una falta de ética moral desde todo punto de vista. Evidentemente que Zacarías actúa de portavoz de la Corte, un tipo con nefastos antecedentes de corrupción pública, es el abanderado por la Corte para defender un proyecto de ley que beneficia a ellos. Entonces, para mí es una vergüenza.”
Su acusación hace referencia a los antecedentes de Zacarías Irún, quien ha sido objeto de varios procesos judiciales y denuncias vinculadas al clan Zacarías.
En particular, el caso conocido como “Gallineros de oro” y otros procesos por enriquecimiento ilícito —que finalmente fueron sobreseídos o “blanqueados” por la Corte Suprema— son señalados por sus críticos como evidencia de que existe impunidad para ciertos actores con poder e influencia.
La senadora afirmó que los ministros de la Corte no dan la cara en el Congreso y no presentan la iniciativa “justamente, estos tipos se esconden detrás de los políticos. Para mí hay un pacto de impunidad. Sabemos que en el cartismo están varios senadores sospechados de delitos bastante graves, con juicios, con causas en curso y resulta ser que justamente los ministros de la Corte lo que le piden al ala cartista defender un proyecto de ley que favorece a los mismos”, indicó la parlamentaria.