Honor Colorado (HC) perpetró el bastardeo de la ley de protección de datos personales del Paraguay, que se venía trabajando desde 2021 por la “Coalición de Datos Personales”, introduciendo con total mala fe el artículo 24 con el que pretende aniquilar las leyes de transparencia y acceso a información pública.
El tratamiento el pasado martes fue el colmo de la incoherencia, ya que la líder de bancada de Honor Colorado, diputada Rocío Abed, fue la defensora de ratificar la nefasta versión de Diputados, siendo que firmó el dictamen por aceptar la versión del Senado.
Abed, que además es presidenta de la “supercomisión” de Equidad Social e Igualdad entre el Hombre y la Mujer, fue una de las firmantes del dictamen a favor de aceptar las modificaciones del Senado (la considerada menos dañina), sin embargo, el martes pasado argumentó y votó a favor de la versión más nociva.
El “repentino” cambio de postura no solo se dio en ella, sino también en los presidentes cartistas de las comisiones de Justicia, Yamil Esgaib; de Asuntos Constitucionales, José Rodríguez, y de Ciencias y Tecnologías, Germán Solinger, y otros 20 cartistas que firmaron también varios dictámenes a favor de la versión Senado y terminaron votando lo contrario.
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Si bien cambiar de posición está permitido, no deja de llamar la atención que en masa los cartistas se hayan dado vuelta para ratificarse en su versión del proyecto de ley, que es la más atentatoria contra la transparencia pública.
De hecho, el actuar de mala fe ya se produjo en el primer trámite del proyecto de ley, ya que en connivencia con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) destrozaron el proyecto que se venía trabajando hace años.
Incluso, sometieron a audiencia pública un proyecto que no fue el mismo al que finalmente le dieron media sanción, permitiendo así introducir el cuestionado artículo 24.
El citado artículo es el que establece que en el caso de promulgarse la “protección de datos personales” –cualquiera sea la versión–, habrá que pedirle permiso a cada funcionario estatal y esperar su aval para proveer información pública.
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Si bien en ambos proyectos se establece que un organismo del Estado determinará finalmente si corresponde o no hacer lugar a la negativa del funcionario a la provisión de datos públicos, la realidad es que esto abre la puerta no solo a dificultar la transparencia, sino a cercenarla totalmente.
El veto de Peña a ley de protección de datos, la mejor opción
El proyecto de ley de “protección de datos personales” ahora pasó para su último trámite al Senado, donde se requerirá mayoría absoluta (23 votos) si quieren ratificarse en la versión Senado, que se considera mantiene un mínimo de derechos de acceso a datos públicos y transparencia.
La única salida real en favor del ciudadano es que el presidente de la República, Santiago Peña, haga uso de su facultad constitucional y vete el cuestionado artículo 24. Además de matar las leyes de transparencia, se podría eliminar la obligación de hacer públicas las declaraciones juradas.