El cartismo, que abiertamente se opone a la iniciativa, postergó este miércoles su tratamiento en el Senado. Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos explicó que no cumplir con la sentencia de la Corte IDH no puede considerarse un simple retraso administrativo, sino un incumplimiento sustancial del derecho internacional que mantiene al país bajo observación internacional.
“El incumplimiento total o parcial de una sentencia de la Corte IDH no constituye un mero incumplimiento formal, sino una violación continuada del derecho internacional, que expone al Estado a un proceso de supervisión de cumplimiento y a un eventual nuevo señalamiento internacional”.
Según la especialista, la Corte IDH podría reabrir el proceso de supervisión de cumplimiento y exigir explicaciones formales al Estado paraguayo si el Congreso no aprueba la ley o si el Ejecutivo no la promulga e implementa.
“La ley busca prevenir y proteger, no es un gesto simbólico”
Vargas recordó que el mandato de dictar una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos surge directamente de la sentencia del caso Santiago Leguizamón Zaván, periodista asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, y que busca institucionalizar mecanismos de prevención, protección y respuesta estatal frente a amenazas o agresiones.
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“El mandato de dictar una ley de protección tiene como finalidad institucionalizar la prevención, protección y respuesta estatal frente a amenazas o agresiones contra periodistas y defensores. Se puede afirmar que su omisión perpetúa las condiciones de vulnerabilidad que la Corte identificó en el caso: la falta de protocolos, de coordinación interinstitucional y de mecanismos efectivos de protección y alerta temprana”.
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La especialista advirtió que la omisión legislativa mantendría intactas las condiciones que dieron origen a las violaciones constatadas por la Corte IDH, dejando a los comunicadores y defensores expuestos a la violencia y la impunidad.
“No aprobar la ley sería mantener vigente causa estructural de la violación”
Vargas señaló que si el Congreso no aprueba la ley ordenada por la Corte, o si el Poder Ejecutivo no la promulga e implementa, el Estado paraguayo no solo incumple una sentencia internacional, sino que reproduce las causas estructurales de la violencia contra periodistas.
“Si el Congreso no aprueba la ley o si el Poder Ejecutivo no promulga e implementa el mecanismo previsto, el Estado paraguayo no sólo incumple una sentencia internacional, sino que mantiene vigente la causa estructural de la violación, es decir, la exposición sistemática de periodistas y defensores a la violencia y a la impunidad.”
La abogada también subrayó que un eventual incumplimiento de la sentencia tendría consecuencias diplomáticas, afectando la posición de Paraguay en organismos internacionales de derechos humanos y su imagen ante la comunidad democrática.
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“También hay que reconocer que el incumplimiento tendría serias consecuencias diplomáticas y de legitimidad democrática. Afectaría nuestra credibilidad ante la comunidad internacional. En términos políticos, no cumplir con la sentencia equivaldría a ignorar la memoria de los periodistas asesinados, enviar un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra comunicadores y defensores, y debilitar el compromiso democrático del Estado”, dijo.
“Cumplir con la sentencia es una obligación jurídica, ética y democrática”
Diana Vargas fue enfática al señalar que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH no es opcional ni simbólico, sino un deber jurídico y moral del Estado paraguayo.
“En definitiva, el cumplimiento de la sentencia Santiago Leguizamón Zaván no es opcional ni simbólico: es una obligación jurídica internacional, una exigencia ética y un compromiso democrático. No aprobar la ley ordenada por la Corte implicaría una doble violación: desconocer el sistema interamericano y negar la protección efectiva de quienes hacen posible el control social del poder.”
La especialista recordó que la protección de periodistas y defensores de derechos humanos es un pilar esencial de la democracia y del Estado de Derecho, y que la resistencia política a cumplir con esta obligación envía un mensaje peligroso de tolerancia hacia la violencia y la impunidad.