La exsenadora Kattya González (independiente) explicó que esta modificación no solo afecta el funcionamiento orgánico de la Corte, sino que también abre la puerta a la discrecionalidad absoluta en la administración del poder judicial.
González afirmó que la Cámara de Senadores debe convocar a la Corte Suprema de Justicia, pues ellos tienen iniciativa legislativa y esa modificación afecta a su funcionamiento orgánico.
Recordó que la reforma de 2023 había introducido un pequeño avance al establecer mandatos limitados y rotativos para los superintendentes judiciales.
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“En el texto del 2023 se establece un pequeño ‘avance’ al nombrar a los superintendentes de las circunscripciones judiciales por dos años sin posibilidad de reelección, con lo cual se pretendía —digo pretendía porque no hay datos— evitar que los ministros se comporten como señores feudales en determinados territorios judiciales“.
Afirmó que, por el contrario, la nueva iniciativa deroga esa norma y traslada la regulación a acordadas internas de la Corte, lo que, en la práctica, devolvería a los ministros un poder casi ilimitado sobre sus zonas de influencia.
“La propuesta deroga esa norma y deriva su regulación a acordadas o reglamentos internos. En la práctica, significa que quieren volver a la regulación secreta e indeterminada, repartiéndose el país en feudos dominados por un ministro”, enfatizó.
“Se elimina la alternancia y la transparencia”
La exsenadora criticó duramente que el proyecto también elimina la obligación de realizar votaciones públicas y nominales para los cargos judiciales. “Se elimina la alternancia reglada por ley y se vuelve a la discrecionalidad. Se elimina la obligación de votar en sesión pública a los responsables de cada circunscripción judicial y con ello se elimina la transparencia”, mencionó.
“Los feudos dirigidos por un ministro han permitido todo tipo de abusos de poder, corrupción y dominación política. Como ejemplo: Óscar González Daher era con la anuencia del superintendente de justicia el que dominaba el Poder Judicial en el departamento Central y derivaba sus juicios y su esquema de recaudación y apriete en Luque”, mencionó.
Asimismo, afirmó que la modificación “es un retroceso” más aún viniendo de quienes viene la posibilidad política de seguir nombrando jueces, fiscales y defensores que respondan al poder político de turno y con ello garantizar impunidades y dominio de zonas para todo tipo de ilícitos, incluyendo protección de crímenes.