“Yo creo que hay que hacer algunas correcciones en ese proyecto, pero nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que tener un mecanismo mucho más eficiente respecto a salvaguardar la labor tan eficiente, oportuna y necesaria que hacen los periodistas”, dijo.
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Señaló que algunos puntos que hay que revisar es lo referente a la creación de un órgano consultivo para evaluar las denuncias, ya que lo que esperan es que no sea “burocrático” ya que en casos de amenazas se requieren de acciones rápidas.
Apoyó que los casos de amenaza a periodistas sean de carácter penal público (es decir, que intervenga la Fiscalía), ya que según dijo “una acción penal privada hace restrictiva muchas veces para los periodistas”.
También consideró que hay que debatir si definir de forma clara o dejar a la reglamentación aspectos como los criterios de la denuncia y las medidas de seguridad, ya que también temen que se pueda “estar generando un órgano que va a ser muy discrecional”.
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El proyecto que debe ser tratado en 15 días en Senado, y ante esta postergación dijo que cree que “es una oportunidad para seguir debatiendo, pero con una celeridad importante porque tenemos casos como ya están en pleno conocimiento, que eso incrementa el riesgo”.
El proyecto de ley es parte del compromiso de Gobierno ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Santiago Leguizamón.