Ante la ola de atentados contra periodistas en las últimas semanas, activistas trabajan para finalmente conseguir que el Congreso apruebe el proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
El senador Mario Varela expresó que espera que hoy la iniciativa sea tratada por la comisión y sostuvo que “en general” todas las bancadas están de acuerdo en esa iniciativa legislativa. Resaltó que él apoya el proyecto porque cree que puede ser una herramienta muy válida.
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Explicó que la propuesta apunta a proteger la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información veraz y equilibrada, más allá de la seguridad física del periodista.
“El espíritu de la ley no es solamente proteger a quien ejerce la tarea periodística, sino buscar también proteger la libre expresión y proteger el derecho que tiene el ciudadano a recibir información veraz, ecuánime. No solamente se busca proteger la vida, la integridad física del que ejerce el periodismo, sino también al ciudadano para que pueda tener acceso evitando la censura o autocensura a través de una coacción, ya sea física o moral. Vamos a tener con rango de ley un protocolo de protección”, afirmó.
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Varela indicó que la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero no establece un mecanismo específico de protección, por lo que el proyecto contempla la creación de un protocolo formal que ampare a quienes ejercen la comunicación. “Hoy no tenemos una intervención del Estado, que proteja efectivamente este derecho”, sostuvo.
¿De dónde vienen las amenazas contra la prensa?
El senador también advirtió sobre la creciente diversidad de amenazas contra periodistas. “Históricamente, los conflictos provenían del poder político, pero hoy también involucran al crimen organizado, organizaciones mafiosas y poderes fácticos, organizaciones mafiosas. Es mucho más diverso... Por eso necesitamos herramientas normativas más funcionales, o si no quedamos a merced del Ministerio Público, pero no existe un mecanismo de protección real”, expresó.
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Finalmente, recordó que en los últimos 20 años fueron asesinados más de 20 comunicadores en Paraguay, lo que demuestra la urgencia de una ley que garantice condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. “El Estado paraguayo está obligado a adoptar medidas legislativas conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recordó.