Verdugos de la transparencia: cartistas y aliados se ratifican en Ley de Datos Personales

La aplanadora cartista en la Cámara de Diputados hirió de muerte a las leyes de transparencia y acceso a información pública al ratificar su versión de la Ley de “Protección de Datos Personales”. La última palabra tendrá el Senado, que podrá sancionar su versión considerada la más benigna. Esta normativa pondrá una vez más a prueba la verdadera intención del presidente Santiago Peña sobre la transparencia.

Los diputados cartistas Miguel Del Puerto, Raúl Latorre y Rocío Abed, fueron tres de los que apañaron la muerte de la transparencia.
Los diputados cartistas Miguel Del Puerto, Raúl Latorre y Rocío Abed, fueron tres de los que apañaron la muerte de la transparencia.Foto Gentileza

Con 43 votos de los cartistas y sus satélites, la Cámara de Diputados se ratificó hoy en su versión de la Ley de Protección de Datos Personales en la República del Paraguay, que implica la muerte total de la transparencia, dejando inútiles las leyes Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282.

Con la ratificación de Diputados, vuelve para su último trámite a la Cámara Alta que requerirá de mayoría absoluta (23 votos) para imponer su versión, que es considerada el “mal menor” o la más benigna.

Así votaron para aprobar la ley de Datos Personales que anula el acceso a la información pública.
Así votaron para aprobar la ley de Datos Personales que anula el acceso a la información pública.

No hubo debate, ya que solo la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, expuso argumentos que realmente no iban al punto, mientras que la única en alertar del efecto real de este proyecto de ley contra la transparencia fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida). Todo el proceso duró apenas 5 minutos.

“Acá el tema es el artículo 24 presidente, si es versión Diputados o Senado. Ese artículo en realidad debe ser vetado. El presidente Peña tiene que vetar sea cual fuese la versión que se apruebe porque ahí se va en contra de la ley de información pública”, dijo Vallejo.

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La misma remarcó que ambas versiones y proyectos establecen algo ridículo como es pedirles permiso o su aval a funcionarios para acceder a datos públicos.

“Lo que se le va a preguntar a cada funcionario cuyos datos se preguntan sobre cuánto gana, si viene o no, será: Señor funcionario, ¿está usted de acuerdo en darle a la ciudadanía la información, porque la ciudadanía es la que le paga el sueldo? y el funcionario lógicamente va a decir que no, entonces se crea todo un sistema burocrático para puentear la ley de acceso a información pública“, insistió Vallejo.

El proyecto originalmente buscaba el resguardo de datos considerados personales tales como los de identidad o contacto, los biométricos (rostro, huella dactilar, retina y otros), y datos sensibles como los bancarios o los registros médicos, pero finalmente se bastardeó y se aprovechó para buscar aniquilar la transparencia.