El pasado 20 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó en su sesión ordinaria un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) respecto al Acuerdo de Tercer País Seguro firmado entre Paraguay y Estados Unidos el pasado 14 de agosto.
La iniciativa surgió ante las dudas sobre el impacto que podría tener el convenio en materia migratoria, social y de seguridad.
El proyecto, impulsado por los senadores Eduardo Nakayama (independiente) y Celeste Amarilla (PLRA) junto con otros legisladores, solicita al canciller Rubén Ramírez un detalle completo de los términos del acuerdo, incluyendo copia del documento, criterios de aplicación y compromisos asumidos por el país.
La respuesta remitida a la Cámara Alta, el 25 de setiembre pasado, tiene la firma de la viceministra de Relaciones Económicas, Patricia Frutos, ministra sustituta de MRE.
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El Ministerio de Relaciones Exteriones no supo explicar el beneficio para el país al firmar el acuerdo de asilo con Estados Unidos de América concretado en Washington D. C. en agosto pasado. Así refiere la respuesta del pedido de informes solicitado por el Senado a la Cancillería nacional. Entre otros puntos, refiere que el entendimiento no requiere la aprobación legislativa.
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En el documento la cartera estatal responde las preguntas de la Cámara Alta (infografía). Confirma, entre otros puntos, que el acuerdo no tiene beneficios para el país.
El documento firmado con la administración de Donald Trump permitirá a los solicitantes de asilo que “actualmente se encuentran en territorio estadounidense presentar sus solicitudes de protección en Paraguay”, especialmente las personas apátridas y con petición de refugio. Esto abre la puerta para que los solicitantes en “lista de espera” o incluso los eventualmente rechazados por EE.UU. recaigan en Paraguay.