El fin de semana se oficializó el cierre definitivo de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, ubicada sobre la avenida Mariscal López de Asunción, tras al traslado de las más de 600 internas a diferentes penitenciarías del país.
El predio que albergaba a las mujeres privadas de libertad ahora se encuentran clausurado y su destino aún es incierto, aunque el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo que el destino sería de uso social, también surgieron rumores de que podría destinarse al desarrollo inmobiliario, al considerar el lugar estratégico en el que está ubicado.
Ahora también diputados de la oposición enviaron una nota al ministro en la que piden que se destine el edificio a un centro de adicciones, considerando que los centros de adicciones que actualmente funcionan no alcanzan para tratar a los pacientes que acuden por ayuda.
“Nosotros hacemos esta propuesta porque creemos que ese espacio tiene que tener un enfoque social. Es un espacio que está bien ubicado, tiene accesibilidad, tiene conectividad. En ese marco decidimos hacer una propuesta con el tema de las adicciones. Asunción y Central son el foco o el lugar más caliente de la República con el tema de las adicciones”, explicó Raúl Benítez, diputado independiente.
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Piden que excárcel sea centro de adicciones
Según estadísticas que manejan las instituciones del Estado, alrededor de 90.000 jóvenes de 25 años en promedio sufren de adicciones a sustancias, de los que el 80% tiende a tener problemas robos bagatelarios para sostener su consumo.
“Estos son datos de (Enrique) Riera, ministro del Interior, de alguna manera eso afecta nuestra seguridad del día a día. Hay problemas que tenemos que atacarlos y trabajarlos de raíz y para eso tenemos que hacer las inversiones y tener la infraestructura necesaria para darle a la gente para que pueda tener la oportunidad de salir de este flagelo”, sostuvo Benítez.
La propuesta de los diputados opositores es destinar el predio a un centro de tratamiento integral compuesto por profesionales de distintas áreas, como psicología y trabajadores sociales, para hacer el seguimiento a las personas que acudan al centro.
“La cuestión es que nosotros tenemos que proponer una solución para principalmente para la gente que no tiene cómo pagar. Hoy uno recorre los barrios y la gente te dice, ‘no sé qué hacer’ y tiene a su hijo, a su primo, a su vecino y no saben a dónde recurrir. Puede servir para fortalecer el plan Sumar también que impulse el gobierno y que aparentemente no tiene todavía resultados”, insistió.
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Desafección al Ministerio de Salud
Cuestionó que el enfoque que el gobierno de Santiago Peña está poniendo a la cuestión de las adicciones es mucho más “policíaco” y represor, que no ayuda a la reinserción, lo que “está llevando al fracaso” del plan, cuando el enfoque debe ser de salud pública, por lo que presentarán un proyecto de ley para desafectar el predio del Ministerio de Justicia y traspasarlo al Ministerio de Salud.
“Está el centro de tratamiento de adicciones, está también el lugar de internado que está en Piribebuy, pero no tenemos otro lugar que lo que hace es un acompañamiento para el tratamiento también ambulatorio más que nada, no como un centro de internación. Eso hay que aclarar”, señaló.
Según datos de las instituciones del Estado, aproximadamente 1.700 personas acuden mensualmente a los centros de adicciones del gobierno, lo que genera una sobrepoblación en los mismos, lo que haría necesario contar con un predio más para tratar esta problemática.
“1.700 personas es un lugar que está sobrepasado mensualmente. Tiene pocos profesionales, tiene poco espacio físico, 30 camas tiene para internaciones de 20 días aproximadamente que es el centro de tratamiento de adicciones que está acá sobre Venezuela y después está el de Piribebuy que es un internado un poco más extenso que también tiene solamente 30 camas”, concluyó.