En el espacio de oradores de la Cámara de Senadores, el senador Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que la denuncia “no debió ser necesaria”, ya que las instituciones deberían actuar de oficio cuando existen indicios de hechos que podrían tener relevancia penal.
“Cuando se trata de funcionarios públicos, el Ministerio Público debería intervenir automáticamente. Sin embargo, en este caso el silencio es atronador, ni el Fiscal General ni el presidente dicen nada”, expresó.
El senador señaló que el presidente Peña no ha dado explicaciones claras sobre su rápido incremento patrimonial, pasando de 1.300 millones de guaraníes en 2017 a cerca de 23.000 millones en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 1.600%.
Patrimonio y presunto uso de recursos estatales
El parlamentario comparó el aumento patrimonial con “el milagro de la multiplicación de los panes y peces” e insistió en que Peña, como figura políticamente expuesta, sigue teniendo la obligación de transparentar el origen de sus bienes.
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Además, cuestionó la reacción del Gobierno ante la pérdida de un sobre con US$ 200.000, denunciando el uso de polígrafo militar a personal particular del presidente, que luego fue incorporado a la nómina estatal.
“Eso es utilizar plata pública para pagar a personal privado. No es nepotismo de la señora Luz Candado, es directamente usar dinero del Estado para fines particulares”, señaló.
Acusaciones sobre la Primera Dama y contratos públicos
Filizzola también mencionó audios en los que supuestamente la Primera Dama, Leticia Ocampos, habría pedido dinero en efectivo para gastos personales vinculados a la residencia de San Bernardino.
El senador relacionó además a Peña y su entorno con el uso de aeronaves y vehículos que posteriormente terminaron siendo de su propiedad, a cambio de que las empresas vinculadas a los dueños recibieran contratos millonarios de pupitres chinos y servicios estatales.
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Uno de los puntos más duros del discurso de Filizzola se centró en la entidad financiera UENO, la cual —según el senador— habría recibido depósitos por más de USD 280 millones del IPS y cerca de USD 450 millones de otras instituciones públicas, tras un cambio en la normativa que priorizó la rentabilidad por encima de la solvencia.
“Qué fácil ser un banco exitoso con plata del Estado. Es un escándalo. En otros países ruedan cabezas, pero acá lo que reina es el silencio y la impunidad”, aseveró.
El senador opositor concluyó que tanto el Fiscal General, Emiliano Rolón como el propio presidente Peña deben dar explicaciones claras a la ciudadanía sobre el manejo de recursos públicos y las denuncias que involucran a su entorno cercano.