La iniciativa surge como alternativa al pedido de interpelación al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, que no prosperó por falta de votos.
Para la oposición, el recurso legislativo se convierte en una herramienta clave de control político frente a los cuestionamientos a la actuación policial en la manifestación de la generación z, realizado el pasado 28 de setiembre.
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El documento aprobado por el Senado requiere que el Ministerio del Interior entregue, en un plazo máximo de 15 días, un detallado informe sobre la cobertura policial de la protesta juvenil. Entre los puntos más relevantes se destacan:
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- Resoluciones y planes operativos que autorizaron la intervención policial.
- Órdenes de servicio y estructura de mando, identificando a jefes, subjefes y coordinadores.
- Número de efectivos asignados, discriminados por unidad especial y zona de cobertura.
- Nómina del personal participante, con datos de ingreso, formación y área actual de servicio.
- Vehículos y equipos utilizados, incluyendo patrulleras, motocicletas, camiones hidrantes, pertrechos, armamento y uniformes.
- Detalle de armas letales y no letales distribuidas, con responsables de su uso.
- Instrucciones impartidas a los efectivos para el trato a manifestantes.
- Actas oficiales de aprehensiones, incidentes y objetos incautados.
- Registros audiovisuales del procedimiento: cámaras corporales, grabaciones de seguridad y material utilizado en la conferencia de prensa del 29 de septiembre.
- Gastos asociados al operativo, como combustible, logística y pago de horas extras.
- Autorizaciones judiciales sobre eventuales intervenciones a grupos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, Discord).
- Medidas de protección de derechos humanos y de datos personales de los ciudadanos afectados.
Contexto político y reacciones
El pedido de informes reflejaría una estrategia de la oposición en el Senado, que busca transparentar la actuación policial en un episodio que generó fuertes críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos.
La protesta de la Generación Z, integrada principalmente por jóvenes, fue considerada un hecho político significativo. La actuación de la Policía Nacional, denunciada por supuestos excesos en el uso de la fuerza y detenciones arbitrarias, se convirtió en el eje del debate parlamentario.