En 2023, la Municipalidad de Asunción promovió un juicio de ejecución de resoluciones administrativas contra el Instituto de Previsión Social (IPS) con el objetivo de cobrar una deuda que ascendía a G. 75.235.538.920. Este monto, que equivale a unos US$ 10 millones, corresponde a impuestos inmobiliarios, tasas y contribuciones generadas entre 2018 y 2023.
El IPS, bajo la dirección de José González Maldonado, opuso una excepción de inhabilidad de título, argumentando la inconstitucionalidad del cobro. La defensa alegó que exigir impuestos al IPS resulta una distracción de los fondos de la seguridad social de sus fines específicos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 95 de la Constitución Nacional.
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Además, se sostuvo que todas las propiedades del IPS forman parte de su capital para servir de garantía al fondo común de jubilaciones, por lo que no pueden estar sujetas al pago de impuestos. A pesar de la oposición, la propia defensa del IPS reconoció implícitamente una parte de la deuda, dejando como no controvertida la suma de G. 56.375.377.906.
Tras el rechazo de esta excepción por el juez de Primera Instancia, el IPS dio intervención a Marco Aurelio González, ex procurador general y hermano del director jurídico del ente previsional, e interpusieron recursos de apelación y nulidad.
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Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de defender los intereses del Estado, notificada electrónicamente el 20 de agosto de 2024, no presentó el escrito de fundamentación dentro del plazo legal, que vencía el 28 de agosto.
Por tanto, el Tribunal de Apelación resolvió declarar desiertos los recursos interpuestos por la PGR e imponerle las costas procesales por su omisión.
Peligroso precedente
La Municipalidad, a través del abogado tercerizado Andrés Simón Flecha, ya había ganado un juicio similar contra el IPS por G. 18.860.161.024 (periodo 2013-2017), equivalente a casi US$ 220.000. A pesar de existir este peligroso antecedente, la PGR actuó negligentemente, dejando un precedente perjudicial.
Versión de los González
Intentamos obtener la versión del exprocurador Marco Aurelio González, sin embargo, no respondió a las llamadas. Por su parte, el abogado José González confirmó que existen dos juicios de ejecución.
Señaló que el caso más reciente no está resuelto y está con una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución y con votos divididos en la Corte Suprema de Justicia. Agregó que la PGR interviene solo como un “tercer coayudante” y que la responsabilidad de fundar recursos recae en el IPS.
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González cuestionó que los magistrados fallen sistemáticamente contra el IPS, ya que por ley la institución debería estar exonerada de impuestos y tributos.
Además, aseguró que la millonaria regulación de honorarios del abogado Andrés Simón ha sido impugnada por el IPS y no está firme ni pagada.