La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, confirmó la verificación del proyecto de Modernización y Reacondicionamiento de Infraestructura del Congreso, financiado con el Acuerdo de Cooperación con la República de China-Taiwán.
Acotó que responde a la solicitud presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien pidió a la Contraloría revisar el proceso de contratación del proyecto financiado con cooperación taiwanesa.
Fernández señaló que, entre otras cosas, se busca determinar el porqué algunas adjudicaciones en el marco del proyecto fueron ejecutadas fuera de la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“La Contraloría se debe a la ciudadanía, que quiere saber por qué se realizan procesos dentro de la administración pública. Normalmente, las contrataciones pasan por el escrutinio de Contrataciones Públicas, por lo cual pedimos la justificación legal y la documentación que explique por qué estas licitaciones no aplicaron ese procedimiento”, mencionó.
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Buscan garantizar transparencia
La directora enfatizó que este requerimiento abarca todos los aspectos vinculados a las licitaciones del Congreso con fondos de Taiwán y que el objetivo es garantizar transparencia.
“Es muy importante que realmente sepamos si esos fondos están siendo utilizados correctamente”, remarcó.
CGR pide documentos clave al Congreso
De acuerdo con la nota remitida por la Contraloría, el Congreso debe presentar informes y documentos que justifiquen la excepción a la Ley de Contrataciones Públicas para las licitaciones con ID 4815, 4833, 4834, 4835 y 4838, además del sustento legal y las razones por las cuales no se requirió el control de la DNCP.
También se exige el detalle de precios referenciales y estudios de mercado o, en su defecto, los mecanismos alternativos que se utilizaron para asegurar la razonabilidad de los costos.
La Contraloría solicitó igualmente información sobre los mecanismos de control y transparencia alternativos implementados, identificando a los responsables de la supervisión y precisando la forma en que se rinden cuentas a la ciudadanía.
Desglose presupuestario de los US$ 11 millones
En cuanto al desglose presupuestario, se pidió la distribución de los US$ 3.000.000 asignados a “Modernización de redes” y los US$ 8.000.000 para otras obras, incluyendo ítems, cronograma de ejecución e indicadores de cumplimiento.
También se solicitó la copia de los documentos de aprobación y del marco legal de la donación de Taiwán, junto con la normativa específica que regula la aceptación y uso de donaciones internacionales directas por parte del Congreso.
El requerimiento de la CGR abarca los criterios de selección y evaluación de las ofertas, las actas y la identificación de los miembros del Comité Evaluador, así como la información completa de las empresas adjudicadas, incluyendo RUC, historial y copia de contratos.
Además, se incluyen los mecanismos de control de avance y verificación de calidad de los proyectos, un informe sobre políticas de prevención de conflictos de intereses y un análisis del impacto y beneficios esperados de cada obra. A su vez, se plantea la posibilidad de incorporar una auditoría externa independiente para estas licitaciones exceptuadas.
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Contexto político: audios filtrados
La investigación de la CGR cobra relevancia tras los audios filtrados de la senadora cartista expulsada Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, quien en conversación con el legislador Javier “Chaqueñito” Vera habló sobre la supuesta repartija de US$ 11 millones correspondientes a los fondos de Taiwán. La cifra coincide con el monto total adjudicado para el proyecto que ahora está bajo revisión.