El senador Luis Pettengill (ANR, disidente), vocero de las comisiones que dictaminaron el proyecto, destacó que existen 6.384 microempresarios inscriptos en el rubro, además de 63 pequeñas, 11 medianas y 10 grandes empresas.
“Una gran mayoría son microempresas inscriptas. Tenemos una estimación de cerca de 10 mil empresas no inscriptas”, explicó Pettengill, subrayando que la normativa busca promover la formalización total del sector.
El senador Eduardo Nakayama (independiente) defendió el proyecto, calificándolo como una norma “anticoima” que brindará tranquilidad a los trabajadores y empleadores.
En la misma línea, la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) resaltó que, de aprobarse, los profesionales de la belleza podrán acceder a créditos y programas de primera vivienda, lo que significaría una mejora en sus condiciones de vida al formar parte de las Mipymes.
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Críticas: riesgos de sobrelegislación e inconstitucionalidad
La senadora Yolanda Paredes (CN) cuestionó la iniciativa por considerar que colisiona con la Constitución Nacional, específicamente con el artículo 86 sobre el derecho al trabajo, además del Código Laboral vigente.
“Con esta norma no se solucionará la naturaleza de los contratos entre dueños de peluquerías y colaboradores. Además, preocupa la creación de una caja centralizada para el cobro de servicios, lo cual interfiere con la administración interna de los negocios. Se trata de una norma inconstitucional”, advirtió.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) advirtió que la ley podría significar un menoscabo a los derechos laborales, ya que no contempla el pago de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, advirtió que su aplicación resultaría compleja frente al Código Laboral y la ley de trabajo parcial.
Enfoque en la inconstitucionalidad
El punto más sensible del debate radica en la posible inconstitucionalidad del proyecto. Legisladores opositores coinciden en que la normativa podría generar una doble regulación innecesaria y vulnerar el derecho al trabajo consagrado en la Carta Magna.
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Además, el hecho de regular la administración interna de los salones de belleza, como el manejo de cajas y cobros, abre un flanco jurídico que podría ser impugnado en instancias posteriores, incluso si la ley llega a ser sancionada.
El texto aprobado por el Senado con modificaciones será remitido a la Cámara de Diputados, donde continuará el análisis. Mientras tanto, el sector de la belleza, que reúne a miles de microempresas y trabajadores independientes, permanece expectante ante una legislación que podría formalizar el rubro, pero que también enfrenta cuestionamientos de fondo sobre su constitucionalidad y compatibilidad con las leyes laborales vigentes.