Los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro presentaron este jueves ante el Ministerio Público una denuncia formal con base en las afirmaciones de una exempleada de Mburuvicha Róga, quien dijo haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero y denunció la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en la casa presidencial.
Luz Maribel Candado, exencargada de trabajos domésticos en Mburuvicha Róga, denunció haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas y sometida a una prueba de polígrafo tras la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial y dijo que en el sitio fueron hallados sobres con miles de dólares en efectivo.
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Candado reveló también llamativas reuniones en Mburuvicha Róga entre el presidente Santiago Peña y personas vinculadas a empresas con importantes contratos con el Estado, encuentros que no fueron incluidos en la agenda oficial del mandatario.
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Acción ciudadana ante pasividad de Fiscalía
Roa y Ferreira indicaron que decidieron presentar la denuncia ante la pasividad del Ministerio Público ante las revelaciones que, según opinaron, deberían haber llevado a la apertura de una investigación por iniciativa propia de la Fiscalía.
“Pasaron dos semanas sin que el Ministerio Público abra oficiosamente una investigación penal y eso es grave, otra vez la ciudadanía debe abordar esta responsabilidad y recordarle a Emiliano Rolón (fiscal general del Estado) que este es su oficio, su obligación constitucional”, dijo Roa.
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La abogada enfatizó que la ciudadanía merece saber con certeza si las denuncias hechas por Candado son verdad, y argumentó que si es cierto que la exempleada y otros dos familiares suyos que también trabajaban en la casa presidencial fueron sometidos a una prueba de polígrafo - algo que fue confirmado por el ministro de Defensa Nacional, Óscar González -, se puede inferir que la desaparición de dinero, que el presidente Peña no denunció formalmente, sí existió.
Roa opinó que, con base en los datos revelados, pueden configurarse hechos punibles como lesión de confianza, cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.
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Ferreiro, por su parte, admitió que no hay mucha esperanza de que la investigación corra, pero señaló que es la vía institucionalmente correcta.