El abogado Jorge Rolón Luna mencionó que, en torno al caso de “Los sobres del Poder”, además de posibles violaciones a derechos constitucionales, hay sobrados elementos de sospechas de hechos punibles, que reunen el requisito de “indicios fácticos” que, según el Código Procesal Penal (CPP), obliga al Ministerio Público a abrir una investigación penal, tal como lo hizo en otros casos incluso con menos elementos, como la investigación por la supuestas cuentas en paraísos fiscales del expresidente de la República Mario Abdo Benítez (ANR, Añeteté).
Hasta ahora, públicamente, en torno al caso de “Los sobres del Poder” se han expuesto varios testimonios, mensajes telefónicos y fotografías, principalmente el la exfuncionaria de Mburivicha Roga, Luz Maribel Candado sobre la presunta existencia de sobres con millonarias sumas de dinero en efectivo en la residencia presidencial que no han sido negados por el Ejecutivo.
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Citó al menos 4 puntos que cree centrales: 1) la aparición de un sobre con testimonios que tenía dinero. También otro sobre que también habría sido el envoltorio de sumas importantes de dinero; 2) luego la devolución de esos sobres conteniendo, supuestamente, dinero; 3) luego la desaparición de cierta suma de dinero del vestidor del presidente de la República, hechos no negados. El 4º hecho no negado e importante es la utilización del polígrafo”, indicó el abogado.
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Rolón Luna, que fue parte del MNP, mencionó que incluso se pueden dividir en dos aspectos los hechos a ser investigados por la Fiscalía, primeramente el sometimiento -a su criterio ilegal e inconstitucional- al polígrafo a funcionarios, lo cual fue confirmado por el ministro de Defensa, Óscar González.
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“El uso del polígrafo en este caso carece absolutamente de sustento legal, estamos hablando de normas constitucionales y legales que impiden el uso del polígrafo en este caso y además por parte de funcionarios sin atribución de hacerlo”, dijo.
Enfatizó también que algo muy importante: que al tratarse de la vulneración de derechos constitucionales, no existe la posibilidad de renunciamiento por parte de los funcionarios sometidos al polígrafo, y que además el presidente de la República y militares tiene una condición de poder superior.
“Esto es importante decir: los derechos constitucionales son irrenunciables, es decir, no pueden alegar que firmó un acuerdo, estuvo de acuerdo, o lo permitió, más todavía teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona (...) que posiblemente no sabía que podía negarse”, señaló.
En lo que refiere al Ministerio Público, en base al tema del polígrafo también se podría indagar la comisión de hechos punibles.
“Eso corresponde al Ministerio Público (definir los tipos penales), pero podríamos encontrarnos ante hechos punibles de coacción y obviamente usurpación de funciones públicas por parte de los militares”.
Esto último, ya que mencionó que los militares poligrafistas César Portillo y Sonia Benítez, bajo orden del Batallón de Inteligencia Militar (Bimi), no tienen atribuciones legales para someter a civiles a dicho método de interrogatorio.
Sobres podrían ser indicios de coimas, señala
Por otra parte, no menos importante, Rolón Luna dijo que también hay indicios de posible cohecho pasivo (coima o soborno) en base a las fotografías y testimonios de los sobres con presunto dinero que, una vez más enfatizó, no fueron negados por Peña ni por sus allegados.
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“Tenemos que ese rastro dejado por ese supuesto dinero puede ser mal habido, porque es muy extraño que dinero efectivo aparezca en sobres, aparentemente en moneda extranjera en Mburuvicha Roga y, aparentemente, en más de una oportunidad; es un rastro que nos puede lleva a la eventual comisión de otros hechos punible como cohecho (coima), podríamos estar en presencia de dinero pagado irregularmente para obtener algún favor, recordando otra vez que el presidente es una persona con mucho poder”, insistió Rolón Luna.
Finalmente, en su análisis jurídico también enfatizó que el Código Procesal Penal en su artículo 18 sobre “Legalidad” señala claramente que “el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que hayan suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.