En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) opinó que el senador cartista Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado) debe perder la investidura ante el escándalo generado por la supuesta ilegitimidad de su título universitario de la carrera de Derecho, que podría resultar en la nulidad de todas las decisiones tomadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mientras Rivas fue miembro y presidente de ese órgano extra poder.
El Ministerio Público imputó al senador Rivas por el supuesto hecho punible de producción de documentos de contenido falso y lo acusa de haber obtenido un título de abogado de una universidad privada sin haber cursado la carrera de Derecho. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la matrícula de abogado de Rivas mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.
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La diputada Vallejos opinó que el caso de Rivas tiene una gravedad “sin precedentes en el país” y es un “escándalo institucional” porque el parlamentario cartista “mintió a sus pares” de ambas cámaras, logrando que lo designaran representante del Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano encargado del juzgamiento de jueces y fiscales.
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“Es una locura que una persona sin título, que seguramente nunca ha leído la Constitución, vaya en representación de ambas cámaras a tomar decisiones” en el Jurado de Enjuiciamiento, dijo la diputada, quien señaló que, si se comprueba la ilegitimidad del título universitario de Rivas, quedarían nulas todas las decisiones y juzgamientos hechos por el Jurado cuando él era miembro.
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“Las consecuencias son tremendas”, declaró. “Si (en el Jurado) se le destituyó a alguien con razón, pero está el voto de este señor ahí, es nulo y no se le va a poder juzgar de vuelta”.
“Debe irse, por el bien del Congreso”
La diputada Vallejo enfatizó que, en su opinión, corresponde que Rivas sea despojado de su investidura parlamentaria porque “mintió a ambas cámaras diciendo que es abogado”.
“En el periodo anterior hubo legisladores que por muchísimo menos fueron destituidos”, insistió. “Esto involucra a la institucionalidad de un órgano extra poder y de un poder del Estado, es demasiado grave y debe existir una sanción”.
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Subrayó que el asunto va más allá de partidos o “cualquier cuestión política”, sino que “hace a la institucionalidad, la imagen del país, al Estado de derecho y la seguridad jurídica”.
“Debe irse, por el bien del Congreso”, sentenció.
