La intendenta liberal Mirtha Fernández junto con otras once personas están acusadas por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.999 millones de las arcas de la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera).
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Mirtha Fernández contaba con orden de captura desde el pasado 28 de agosto y desde entonces se mantuvo en la clandestinidad para evitar su detención. Sin embargo, remitió una escueta nota el 2 de setiembre pasado a la Junta Municipal de Valenzuela solicitando permiso al cargo.
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En tanto que esta mañana estaba convocada para su audiencia preliminar junto al juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia y al llegar al Palacio de Justicia fue detenida y esposada trasladada hasta su cita judicial.
La liberal y otros acusados llevaban 29 meses evitando con diferentes chicanas judiciales el inicio de la audiencia preliminar y debido a las dilaciones, varios abogados fueron sancionados.