El pedido del senador Alfonso Noria (ANR, HC) surge tras la presión que ejerció días atrás el legislador contra el funcionario tributario para la reapertura de comercios privados que fueron clausurados ante la falta de expedición de facturas. Opositores habían configurado la acción de su colega como causal de expulsión.
La informalidad comercial en Canindeyú volvió a estar en el centro del debate político tras la polémica protagonizada por el senador Noria, quien asumió su banca hace apenas un mes en reemplazo de Gustavo Leite. Noria fue acusado de presunto uso indebido de influencias luego de que interviniera para la reapertura de un local comercial clausurado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El hecho generó reacciones inmediatas en la oposición, que incluso consideró que el legislador debía ser expulsado de la Cámara Alta. Sin embargo, el mismo Noria salió al paso de las críticas y defendió su actuación, argumentando que respondió a un reclamo ciudadano masivo de los comerciantes del departamento.
El encuentro con más de 1.000 comerciantes
Según relató el senador, más de 1.000 comerciantes se manifestaron en Canindeyú frente a un supermercado cerrado por la DNIT. Noria afirmó que acudió al lugar para “escuchar al pueblo” y aseguró que el clamor de los trabajadores no era evitar el pago de impuestos, sino contar con oficinas tributarias cercanas y campañas de concienciación sobre obligaciones fiscales.
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Según dijo, actualmente las oficinas más próximas de la DNIT se encuentran a 180 km de Curuguaty, 240 km de Villa Ygatimí y 280 km de Maracaná, lo que dificulta la regularización tributaria en la zona.
“Nadie se niega a pagar impuestos, pero la gente del interior no puede viajar cientos de kilómetros ni cuenta con suficientes contadores. Necesitamos que el Estado esté presente también en las comunidades rurales”, señaló Noria.
Proyecto de declaración en el Senado
Noria en en espacio de oradores pidió a Orúe a instalar oficinas en Curuguaty y otros distritos de Canindeyú, implementar campañas masivas de concienciación tributaria en comunidades rurales y vulnerables y promover la cultura de cumplimiento fiscal como parte del fortalecimiento de la economía nacional.
El documento -según dijo- cuenta con el respaldo de 1.500 firmas de comerciantes locales, quienes solicitan formalmente que el Estado acerque sus servicios a la región.
Noria admitió que mantuvo “una discusión” con el director de la DNIT, Óscar Orúe, a quien presionó para la reapertura de comercios. Sin embargo, el senador negó haber gestionado con un juez la reapertura del local clausurado, tal como lo denunciaron sectores opositores.
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“Jamás hablé con el juez de la causa. Sí llamé al director de la DNIT porque es su responsabilidad garantizar que todos los paraguayos tengan acceso a los servicios tributarios. Lo único que pedimos es sensibilidad social y cercanía con la gente de la campaña”, expresó.
En su descargo, el oficialista Noria reconoció la ausencia del Estado en la zona y dijo que suele donar el 90% de su dieta parlamentaria (unos 12 millones de guaraníes) para el hospital de Curuguaty, una farmacia social y refugios de adultos mayores.
“No vine al Senado para cobrar un salario, sino para ayudar a los sectores más necesitados. Cada vez que mi pueblo me llame, voy a estar con ellos”, aseguró, en un tono populista.