A pesar de haber declarado en 2023 que sus únicos ingresos corresponden a su trabajo como parlamentaria, la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado) ostenta un alto nivel de lujos, con frecuentes apariciones públicas en las que viste costosas vestimentas y accesorios.
Observando imágenes de redes sociales y otras apariciones públicas de la legisladora colorada se pueden evidenciar bolsos de mano de la prestigiosa marca Carolina Herrera que, si son auténticos, habrían costado a la parlamentaria unos 1.100 euros (más de 9.768.000 guaraníes al cambio de hoy).
En una imagen se la observa ostentando un vestido camisero Carolina Herrera cuyo precio de lista es también de 1.100 euros.
En otra fotografía se la ve con un vestido de corte evasé con franjas verticales de la marca Tommy Hilfiger.
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Entre otras prendas que pueden verse en publicaciones y otras imágenes de la diputada colorada se incluyen una bufanda Burberry de 495 euros (más de 4.300.000 guaraníes) y un cinturón Carolina Herrera de 295 euros (casi 2.600.000 guaraníes).
Su salario de parlamentaria es su único ingreso declarado
En la declaración jurada que presentó en julio de 2023, cuando asumió su banca para el actual periodo parlamentario, la diputada Vega afirmó que su única fuente de ingresos es su trabajo como legisladora, por el cual percibe actualmente un salario mensual de 37.900.000 guaraníes.
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En esa declaración alegó contar con un patrimonio de 300 millones de guaraníes en efectivo y una deuda a su favor de 172 millones de guaraníes, además de un inmueble valuado en 1.000 millones de guaraníes que recibió en herencia.
También reportó ser propietaria de una camioneta Kia Sportage valuada en 350 millones de guaraníes.
Según su declaración de egresos mensuales, su gasto mensual en vestimentas era de un millón de guaraníes.
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A principios de este año, la diputada Vega fue señalada por una llamativa operación de venta de un inmueble en la ciudad de Mariano Roque Alonso que dijo haber adquirido por 250 millones de guaraníes, a pesar de que en el Servicio Nacional de Catastro se indicaba que la compra fue por poco más de 6.000.000 guaraníes, lo que hizo sospechar de una posible sobrefacturación y evasión impositiva.
La legisladora afirmó entonces que vendió el inmueble por 500 millones de guaraníes, una operación de la que no había registros.