Rafael Filizzola recordó que los problemas alrededor de este proceso se iniciaron cuando una de las empresas participantes —que estuvo ligada al grupo empresarial del mandatario— fue descalificada por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la Justicia Electoral para adquirir las máquinas de votación. “Desde ese momento se intensificaron las maniobras para trabar el proceso”, aseguró.
El senador detalló que el Tribunal de Cuentas suspendió la licitación en curso, algo “inusual en décadas”, y que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, bajo influencia del Ejecutivo, también ha obstaculizado reiteradamente el proceso.
“Ahora se pretende retrotraer todo a foja cero con un nuevo proceso, inclusive desde el Congreso, lo que abre nuevamente la puerta a la empresa vinculada al Presidente. Es evidente la intencionalidad de dejar fuera a la firma que actualmente califica y favorecer a otra ligada al grupo empresarial de Peña”, denunció.
Riesgo para el voto electrónico y la estabilidad democrática
Filizzola sostuvo que estas presiones desde Contrataciones Públicas, el Tribunal de Cuentas e incluso sectores del Congreso afines al oficialismo, representan una amenaza directa al sistema electoral.
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“Estamos poniendo en riesgo el voto electrónico y, con ello, la confianza en las instituciones. Esto nos expone a volver al voto tradicional y genera una crisis política innecesaria por un interés económico particular”, alertó.
El opositor también cuestionó la concentración de poder e intereses económicos alrededor del grupo empresarial al que estuvo vinculado el presidente Peña: “Tuvieron el monopolio de la Expo, del rally, hasta de las agencias de viajes. Ahora quieren también el voto”, dijo al considerar inadmisible que un presidente en funciones tenga negocios cruzados con las instituciones del Estado”.
“Un escándalo que golpea la credibilidad democrática”
Para Filizzola, la situación actual no es un simple problema administrativo, sino un hecho que compromete directamente la legitimidad de las próximas elecciones.
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“Sería un escándalo que una empresa vinculada al Presidente de la República se quede con las urnas electrónicas”, indicó al sostener que esto mina la credibilidad democrática y deja al descubierto hasta qué punto se mezclan los intereses privados con la función pública.