La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es el imputado por lesión de confianza Venancio Díaz Escobar, llevó a cabo ayer la subasta pública de ocho vehículos en desuso de la institución.
Se “vendieron”, por no decir se regalaron, seis motocicletas a G. 80.000 cada una. En un comunicado la institución indicó que la subasta se enmarca en el plan de mejoramiento continuo de gestión y transparencia en el manejo de bienes patrimoniales.
En la subasta, se vendió una camioneta marca Mitsubishi Sport Nativa, por G. 14.500.000. La base de venta era por el irrisorio precio de G. 3.500.000.
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Posteriormente, fueron subastadas siete motocicletas de diferentes marcas y modelos, por un monto total de G. 1.400.000. La base de venta de cada uno de los biciclos fue G. 80.000.

“Este evento forma parte de un proceso de depuración y actualización de los registros del Balance General y del listado de bienes de uso, para avanzar en el cumplimiento efectivo de lineamientos y observaciones de la Contraloría General de la República”, dice parte del comunicado de la Caja de Jubilaciones.
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Indica que en la Observación N° 15 de la CGR básicamente señala que hay bienes en desuso (vehículos, equipos de cómputo, etc.) que siguen figurando en el Balance General con valores históricos muy altos, cuando en la práctica ya no tienen ese valor real de mercado. Eso afecta la razonabilidad y realidad de los estados financieros.
Sin embargo, muchos jubilados cuestionaron el costo irrisorio por el cual se subastó el bien institucional, es decir las motocicletas, que si bien estaban averiadas, nunca se encontraría por G. 80.000 en otro sitio.
Antes, también ya se vendieron cuatro inmuebles, a pesar de que algunos jubilados recurrieron a la justicia para evitar la subasta. En sus argumentos, los jubilados indican que el actual Consejo de Administración está rifando lo poco que queda de la institución poniendo en riesgos sus haberes.
La Caja de Jubilaciones está deficitaria desde hace dos años, actualmente recién están desembolsando los haberes a sus jubilados por el mes de mayo.
Los miembros del Consejo de Administración están además imputados por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.