De “timba” y “una joda total” calificó la senadora del PPC, Esperanza Martínez, a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras la publicación con varios días de retraso del informe final de la intervención realizada por Carlos Pereira a la Municipalidad de Asunción que confirmó el desvío de los G. 500 mil millones que debían ser destinados para obras, a gastos corrientes y que evidenció graves irregularidades financieras, administrativas y éticas.
“Es más catastrófico. Todos decíamos que se desviaron los fondos, pero cuando los propios administradores no pueden reconstituir lo que pasó, significa que eso era una joda total, era una timba. Las calañas que hoy tiene Asunción son interminables y lo peor es que había el dinero para hacerlo y ese dinero se timbeó, ese dinero se gastó, no sabemos todavía en qué y hay muchas sospechas de que ese dinero se haya ido a las elecciones del 2023″, denunció.
El propio interventor de Asunción, Carlos Pereira, al presentar su conclusión de la intervención también realizó una denuncia penal en contra de “Nenecho” por cinco causas que ya se suman a las dos abiertas en contra del exintendente por el presunto desvío de los G. 500 mil millones de los bonos y por el caso conocido como “detergente de oro”.
Los hechos punibles denunciados por Pereira son: Alteración de sistemas informáticos, falsificación de planos, venta de cargos; cajas paralelas. Rodríguez renunció el viernes último antes de que el informe de intervención se trate en la Cámara de Diputados, lo que levantó la sospecha de un pacto de impunidad con el movimiento Honor Colorado, del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
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Que no quede en “opare’i”
La senadora Esperanza Martínez insistió en que los casos denunciados en contra de “Nenecho” deben ser investigados por la Fiscalía y no deben quedar en un “opare’i”, expresión que se utiliza cuando algo termina sin motivo alguno.
“Espero que esto sea investigado por la Fiscalía, y como ya lo dije en otras ocasiones, que haya un castigo ejemplar(...), no que termine en opare’i y que después volvamos a tenerle otra vez de aquí en un par de meses en su casa sentado tranquilamente”, expresó la legisladora.
El análisis del interventor Carlos Pereira revela que la gestión municipal se ha apartado progresivamente de los estándares de gobernanza y administración prudente, generando un descalce financiero sostenido, y explica que la crisis financiera se da por la brecha creciente entre la recaudación municipal y las obligaciones asumidas, agravada por la baja eficiencia de las dependencias de gestión.
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Agrega que los recursos obtenidos mediante la emisión del Bono G8 durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, destinados a obras de infraestructura, fueron desviados hacia gastos corrientes como pagos de personal, servicios no personales y adquisición de insumos, lo que generó un desfinanciamiento de obras, costos financieros adicionales y desarticulación de los cronogramas financieros.
Además, indica que la aplicación de la Ordenanza No 175/2018 permitió la mezcla indiscriminada de recursos de diverso origen, sin salvaguardas jurídicas ni observancia del marco legal vigente, creando lo que los interventores definieron como una “densa red de cuentas desarticuladas” y una cuenta única municipal ilegal.
El diagnóstico institucional advierte que la situación crítica es resultado de una gestión deficiente, marcada por la inobservancia de principios de legalidad, responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.