En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), comentó sobre el extraño caso que tiene como protagonistas al intendente de la ciudad de Areguá, Denis Torres (ANR, Partido Colorado) y a un concejal municipal del mismo partido que confesó haber entregado al jefe municipal un cheque millonario por motivos que no dejó claros.
En horas de la madrugada de ayer martes, asaltantes irrumpieron en el domicilio del intendente Torres – cercano al cuestionado senador cartista Erico Galeano (ANR) - y robaron, entre otros objetos de valor, un cheque por 600 millones de guaraníes.
Luego del asalto, el concejal municipal cartista de Areguá Pablo Ayala dijo a ABC Cardinal que él emitió el cheque. Afirmó que el dinero provenía de su trabajo como abogado y de una herencia familiar, y que fue entregado al intendente como “aporte de campaña” relacionado a su precandidatura a la Intendencia de Areguá.
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Sin embargo, posteriormente cambió su afirmación y dijo que el cheque correspondía a “motivos personales” con el intendente Torres.
TSJE aún no puede intervenir
Ruiz Díaz dijo hoy a ABC Cardinal que le cuesta entender la lógica detrás de la supuesta entrega de dinero al intendente actual por parte del concejal Ayala cuando el primero estará “de salida” el próximo año y “cada uno tiene que costear su campaña”.
Además, señaló que es “muy apresurado” realizar aportes de campaña ahora, teniendo en cuenta que las elecciones internas partidarias de cara a los comicios municipales de 2026 se realizarán recién en junio del próximo año.

Reiteró que el TSJE aún no tiene competencia para abrir una investigación de financiamiento político sobre este caso particular debido a que la legislación vigente lo ata “de pies y manos” al dictar que el control sobre aportes y financiamiento político se realiza únicamente después de unas elecciones.
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Sin embargo, enfatizó que su dirección de Fiscalización está en contacto con el oficial de cumplimiento de la ANR que “debe garantizar la aplicación de las políticas de prevención”.
El TSJE no tiene habilitado un sistema de control de financiamiento político en tiempo real como el que tiene otros países de la región como Colombia, Costa Rica o Panamá, subrayó.
Sin embargo, señaló que otras instituciones como la Contraloría General de la República sí podrían actuar, por ejemplo, con la realización de un examen de correspondencia a la declaración jurada del concejal Ayala, para determinar si realmente tiene la capacidad de realizar un desembolso de 600 millones de guaraníes.