La Cámara de Diputados incluyó entre los primeros lugares de sus 14 puntos del orden del día el proyecto de ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”, que retorna tras sufrir modificaciones en el Senado, referidas, principalmente a tratar de salvar al menos en parte las leyes de transparencia y acceso a información pública (AIP).
En su primer trámite, la Cámara Baja incluyó artículos directamente atentatorios contra la Ley 5189/2014, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, y la Ley Nº 5282, de “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
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Entre otros, el artículo 24 de la versión Senado pretende imponer que en el caso de requerirse información pública sobre funcionarios estatales, se podrá denegar si no hay consentimiento del “afectado”.
Las leyes que corren riesgo de muerte con la propuesta de modificación de la ley son las que, entre otras cosas, permitieron identificar miles de casos de “nepobabies” y la condición de socio comercial del presidente Santiago Peña con empresas “mimadas” con negocios con el Estado.
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Ley de protección de datos, versión Senado
La versión Senado, aunque es menos nociva, también burocratiza y permitiría poner trabas a las solicitudes de acceso a información pública, ya que establece que la Agencia de Protección de Datos Personales (a ser creada con esta ley) sea la que establezca si avala o no la solicitud de información pública.
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Es decir, se podría considerar un “mal menor” en comparación a la versión Diputados.
Lo paradójico del caso es que la mayoría cartista que impera en Diputados podría aniquilar ambas leyes que recurrentemente son citadas como “logros” del gobierno de su “patrón”, Horacio Cartes.
Para ratificarse en su versión, la Cámara Baja requerirá de mayoría absoluta (41 votos).
De lograrlo, la última palabra la tendrá el Senado, que también por mayoría absoluta (23 votos en su caso) podrá ratificarse y sancionar su versión, de lo contrario quedará firme la de Diputados, que pasará a Peña para su promulgación o veto.