La Contraloría General de la República informó que, tras culminar la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a Municipalidad de Santa Rosa, cuyo intendente es Rubén Jacquet Godoy (PLRA), detectó deficiencia en el control del uso de los G. 1.500 millones que recibió del Estado en conformidad a la Ley Nº 6241/18.
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La obra se puso en marcha en febrero del 2022 sobre la avenida Florida, ubicada al costado de la plaza Mariscal Estigarribia y que cruza frente al Templo de Santa Rosa, el Torreón Jesuítico y la Capilla de Loreto.
Fue adjudicada el Consorcio Florida, constituida por las empresas “Conserpar” representada por Rigoberto Vicencini Benítez y “Construhogar” representada por Carlos Emanuel Ocampos Torales.
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Los trabajos consistieron en la renovación del pavimento, colocación de luminaria y mobiliario urbano. Si bien las obras se ejecutaron, la falta de control hizo que se tengan significativos retrasos y, sobre todo, con falencias administrativas que pusieron en riesgo el monumento histórico, según Contraloría.
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Según el ente contralor, la Municipalidad de Santa Rosa durante el ejercicio fiscal 2022, no contaba con un Plan de Uso Público de las construcciones de valor patrimonial, lo que afectó la capacidad del municipio para garantizar su adecuada conservación.
Además, se detectó afectación de fondos públicos por débitos bancarios no contemplados en la Ley 6241/18, omisión en la actualización de datos sobre adjudicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
La municipalidad suscribió convenios modificatorios de contratos de obras por G. 195.097.826 sin contar con dictamen legal.
También se detectaron deficiencias en el control municipal sobre garantías contractuales del Consorcio Florida, períodos sin cobertura de seguro. Estos períodos sin cobertura expusieron a la administración municipal a riesgos financieros y legales, afectando la protección de los intereses públicos en la ejecución de la obra.
Igualmente, deficiencias en la gestión municipal del plazo de ejecución del proyecto de peatonalización.
Además, deficiencias en la estructura organizativa y gestión insuficiente de la administración municipal en la obtención de información sobre intervenciones en monumentos históricos.
La CGR dijo que las limitaciones al alcance de los trabajos estuvieron relacionadas con atrasos e imperfecciones en la entrega de documentos e informes, lo que afectó la ejecución del proceso de fiscalización.
La Contraloría indicó que la administración municipal deberá fortalecer la gestión de supervisión y documentación de bienes patrimoniales.
Asimismo, la gestión del intendente liberal debe presentar su Plan de Mejoramiento Administrativo.