El pasado 4 de agosto, el Banco Nacional de Fomento (BNF) adjudicó un contrato por un valor máximo de G. 1.000 millones a la firma Impresión Distribución y Logística SA (IDL), sociedad hermana de itti Saeca –donde Santiago Peña contaba con bonos– y perteneciente al Grupo Vázquez, para brindar soporte técnico y mantenimiento al software de gestión y facturación electrónica utilizado por la entidad.
El software “Factury”, objeto de este llamado, es también ofrecido por itti Saeca, dirigida por César Astigarraga, quien figura ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como representante legal en ambas empresas.
Adjudicación a exsocios
El llamado a licitación (ID 460.322), publicado el 7 de julio de 2025, se realizó mediante el procedimiento de Contratación Vía Excepción. Desde el banco estatal justificaron esta modalidad por “razones técnicas o de notoria especialización”, según indica el artículo 40, inciso d), de la Ley N° 7021/22. En los argumentos remitidos a la DNCP señalan una dependencia institucional creada hacia el software “Factury”.
El programa informático viene siendo utilizado por el BNF desde el 2022, tras una polémica adjudicación.
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Evidente direccionamiento
El 17 de junio de 2024, directivos del BNF emitieron un dictamen técnico inicial, señalando la supuesta necesidad de un soporte técnico inmediato y exclusivo del desarrollador y vendedor del software Factury.
En el documento, argumentaban que solo de esta manera se podría cumplir con las constantes modificaciones normativas de la entonces Secretaría de Estado de Tributación (SET) y asegurar la adaptación a la evolución de los sistemas internos del BNF, incluyendo el Core Bancario.
Sin embargo, la DNCP reclamó el 10 de abril pasado que el dictamen era deficiente y no ofrecía suficiente argumentación técnica para respaldar que ninguna otra empresa en el mercado pudiera cumplir con lo requerido, o para evaluar el riesgo de que otra empresa especializada en el rubro tecnológico realizara el trabajo solicitado.
La DNCP solicitó al BNF ampliar las justificaciones, exigiendo además que no solo se demostrara el carácter legal de la exclusividad, sino también una justificación técnica solvente del motivo por el cual la contratación no podía ser satisfecha por otro oferente.
Adicionalmente, Contrataciones solicitó documentación que acreditara que IDL contaba con los derechos del software Factury.
Respuesta a DNCP
En respuesta a las observaciones, el 3 de julio de 2025 el BNF remitió un nuevo dictamen.
En el texto, los funcionarios justificaron que el BNF ya utilizaba el software Factury desde el 2022. Agregaron que el programa informático es una “plataforma altamente customizada” e “integrada” con los sistemas internos del banco, incluyendo “APIs” (Interfaz de Programación de Aplicaciones), módulos y conectores personalizados, mapeo de datos complejos y procesos de negocio adaptados.
Además, el dictamen reveló la DEPENDENCIA creada en la institución.
En un párrafo del texto señalaron que solo el “desarrollador y vendedor del Sistema Factury” puede garantizar el soporte técnico necesario y eficaz, debido a su dominio de la normativa paraguaya en materia tributaria, el historial de validación del software y la necesidad de evitar riesgos normativos significativos y costos de transición elevados si se cambiara de proveedor.
Consejo adjudicó
La decisión final de adjudicación ocurrió el 4 de agosto de 2025, cuando el BNF adjudicó la licitación a IDL SA por un monto mínimo de G. 500 millones y un máximo de G. 1.000 millones, con un plazo de vigencia por 36 meses.
El precio unitario para el soporte es de G. 302.500 por hora. Hasta el viernes, el contrato aún no aparecía en el portal de la DNCP.
La resolución del Directorio del BNF fue firmada por su presidente, Manuel Ochipintti; los miembros titulares Claudio Bacchetta, Hugo Díaz Vera, Lourdes Quintana, Santiago De Filippis y la secretaria del directorio, Daniela Britos.
En contacto con ABC, Ochipintti señaló que el BNF no tiene “un solo llamado” para la compra o mantenimiento del software Factury. Al referir la última licitación señaló no tener conocimiento ni mayor información a disposición.
Irreal, irrisorio y predatorio
En 2022, el BNF adjudicó a IDL SA una licitación para la “adquisición de software de gestión y facturación electrónica (SBE)” por solamente G. 13.000.000.
El contrato inicial del software Factury fue firmado en noviembre de 2022 por el entonces también presidente del BNF, Manuel Ochipintti, y los directores de IDL, César Astigarraga Lambaré y Guillermo Vázquez Muniagurria.
Esta adjudicación recibió una protesta presentada por la firma Code 100 SA. Entre las objeciones se alegó que IDL no había presentado evidencia de la experiencia requerida para la provisión del software.
El punto más crítico fue el “precio irreal, irrisorio y predatorio” (sic) de la oferta de IDL. La empresa protestante señaló una inconsistencia abismal entre el precio inicial estimado de G. 1.850.000.000 y los G. 13.000.000 finalmente propuestos, lo que representaba una variación del 99% por debajo del precio referencial. Agregó que el precio ni siquiera cubría los salarios mínimos de los técnicos y que distorsionaba gravemente el mercado, considerándolo una práctica abusiva.
A pesar de estas denuncias, la DNCP rechazó la protesta de Code 100. El BNF defendió que IDL cumplía con los requisitos y que la justificación de precios fue aceptable.
El Grupo Vázquez, junto con empresas como ITTI, IDL, ueno bank y otras, ya acumuló más de 2,5 billones (alrededor de US$ 317 millones) en contratos y manejo de fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).