La discusión, que se desarrolló en la Cámara de Senadores entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestad, los ministros Jorge Bogarín González y César Rossel, acompañados de los técnicos de la institución, con senadores de todos los sectores dejó en evidencia las dudas sobre la seguridad informática, el costo del proceso y la influencia de intereses empresariales en la adjudicación.
El presidente de la comisión, Arnaldo Samaniego (ANR, independiente), abrió la reunión resaltando que el sistema electoral “debe funcionar como un reloj suizo” y que las máquinas de votación deben garantizar la confianza ciudadana.
En la misma línea, senadores de la oposición como Líder Amarilla (PLRA) advirtieron que el proceso corre el riesgo de convertirse en “una guerra comercial” entre empresas, lo que podría poner en duda la legitimidad del sistema. Amarilla señaló que existen vacíos tecnológicos que deben ser cubiertos para evitar cualquier sospecha de fraude.
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El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) fue más específico: exigió que el sistema electoral cuente con certificaciones internacionales como los ISO 15408, 27001 y 9001, señalando que la falta de estos estándares genera riesgos de vulnerabilidad frente a ataques cibernéticos.
La biometría en debate
Uno de los puntos más polémicos fue la posibilidad de incorporar el lector biométrico de huellas dactilares para reforzar la identidad de los votantes.
El senador Sergio Rojas (PLRA) advirtió que, sin este mecanismo, persisten sospechas de que en algunas mesas “se vote el 100% del padrón, algo imposible en la práctica”.
Desde el TSJE, el ministro Jorge Bogarín González y el propio presidente Jaime Bestard reconocieron que la biometría está en estudio, pero aclararon que su implementación inmediata requeriría entre US$ 20 y 30 millones adicionales, lo que no está contemplado en el presupuesto vigente.
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La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG) sugirió no quedarse en el debate y hallar una solución. Propuso presentar y aprobar un proyecto de ley que incluya el lector biométrico antes del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) que se realizará en 15 días.
El presidente de la Cámara de Senadores, Basiio “Bachi” Núñez (ANR, HC) salió al paso y dijo que no podrían tratar de forma inmediata el proyecto, porque antes debe discutir en el seno de la Junta de Gobierno de la ANR.
Papeletas como alternativa
En el debate también surgió la posibilidad de declarar desierta la licitación y volver al sistema de papeletas. Legisladores como Dionisio Amarilla (liberocartista) y Celeste Amarilla (PLRA) plantearon que, ante tantas dudas, sería preferible retornar al voto tradicional antes que arriesgar la confianza ciudadana.
El senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) en el mismo sentido. “Acá lo mas importante es la transparencia y la tranquilidad de la ciudadanía, de los candidatos y de los electores, si tenemos que votar en las municipales con papeletas por qué no votamos con papeletas y se hace como corresponde un nuevo llamado”, dijo.
Sin embargo, Bestard advirtió que un nuevo llamado dejaría al país sin tiempo para implementar cambios antes de las elecciones municipales, previstas a corto plazo:
“Si tenemos que hacer una nueva licitación para arrendamiento no llegamos a las municipales. Vamos a arrancar de cero y vamos a quedar mal parados”.
El trasfondo: sospechas y desconfianza política
Los cuestionamientos no se limitaron a lo técnico. La senadora Celeste Amarilla (PLRA) denunció que el proceso arrastra “inconsistencias en el pliego de bases y condiciones” y mencionó versiones de supuestos sobornos de empresas extranjeras a miembros de tribunales electorales en otros países, lo que, según ella, agrava la desconfianza ciudadana.
Por su parte, el oficialista Nano Galaverna (ANR, HC) reconoció que existen rumores de que “se trata de un gran negociado”, aunque defendió y planteó la necesidad de fortalecer la comunicación institucional del TSJE ante la desconfianza de la ciudadanía.
La postura del TSJE
Frente a las críticas, los ministros del órgano electoral aseguraron que el organismo ha actuado con transparencia y que las decisiones se toman bajo criterios de soberanía y costo-beneficio. También que el proceso comenzó hace más de un año, con consultas técnicas y financieras, y que actualmente las protestas de las empresas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd están siendo analizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tiene 35 días para resolver.
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El presidente del TSJE reiteró que las máquinas de votación están pensadas para durar al menos 8 procesos electorales en un periodo de 10 años, y enfatizó que no existe intención de ocultar información:
“No tenemos intención de esconder absolutamente nada y celebramos esta posibilidad de discutir y dialogar sobre estos temas”.
Un clima de dudas de cara al futuro
La sesión cerró con coincidencias entre oficialistas y opositores en torno a un mismo punto: la confianza ciudadana en el sistema electoral está en riesgo.
Mientras algunos sectores presionan por la incorporación de mayores controles técnicos, otros insisten en que la única salida viable es volver a las papeletas.
En el medio, el TSJE intenta sostener el proceso de licitación y garantizar que los comicios municipales y generales se desarrollen en los plazos previstos.
Lo cierto es que, con un costo estimado en US$ 93 millones para la compra de 28 mil máquinas de votación y un clima político enrarecido por denuncias, protestas y sospechas de negociados, la compra de máquinas de votación se ha convertido en uno de los debates más sensibles para la estabilidad democrática del país.