El martes último en San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instancia judicial presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández López, se realizó una extensa audiencia que duró casi nueve horas.
En esa ocasión, los jueces Alberto Borea Odría (peruano), Rodrigo Mudrovitsch (brasileño), Ricardo Pérez Manrique (uruguayo) y Verónica Gómez (argentina) hicieron varias observaciones al alegato que presentó el saliente procurador Marco Aurelio González en representación del Estado paraguayo, en la audiencia del caso Zuccolillo Moscarda vs Paraguay.
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Alude al caso del exdirector del diario ABC Color, que entre 1998 hasta diciembre de 2005 estuvo sometido a un proceso penal de acción privada sobre la base de una querella promovida por el entonces senador de la ANR Juan Carlos Galaverna, quien se sintió agraviado por publicaciones realizadas en el medio de comunicación relacionadas al vaciamiento de un banco público, el Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
En el proceso penal, Aldo Zuccolillo fue condenado en el 2005 por la comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria, imponiéndosele una pena de multa de G. 754.000.000 y un monto similar en concepto de composición, una pena adicional consistente en el pago de una suma de dinero a favor del senador de la nación querellante.
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Observaciones
La jueza Verónica Gómez preguntó a Marco Aurelio González sobre su afirmación de que existió una “enemistad manifiesta” entre Zuccolillo y Galaverna. Dijo que así se manifestó en las sentencias paraguayas. La jueza contestó que su expresión no es “parámetro objetivo” en la actuación.
Luego preguntó si el Estado quiere una aplicación “intertemporal del derecho” y le insistió “qué quiere decir”. González respondió que “en el 2005, cuando se aplicó la sentencia, determinaban que la responsabilidad penal no está excluida de los estándares de la Corte IDH” en cuanto a la libertad de expresión. Agregó que desde el 2008 la Corte cambia de criterio y establece la desproporcionalidad de la sanción; es decir, la despenalización.
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Seguidamente, la jueza Gómez dijo que el procurador hizo muchas “apreciaciones directas y cándidas” sobre los conglomerados periodísticos y la labor de la prensa en temas de interés público. Le preguntó qué entiende por interés público. González respondió que se trata del “desempeño de la función pública y cuándo se refiere a interés público”. Pero hizo la salvedad de que en el caso se habló “de mentira temeraria, lo que descarta el interés público”.
Gómez le repreguntó si el caso BNT es o no interés público y González replicó que “no”. Argumentó que “fue una mentira deliberada y temeraria, que se basan en las sentencias”.
Luego, la magistrada argentina le preguntó por qué afirma sobre la enemistad manifiesta entre Zuccolillo y Galaverma, y cómo ese hecho se presenta en la dimensión social, el interés público y la imparcialidad de los tribunales. La jueza le señaló, además, que su afirmación no constituye parámetros objetivos para la actuación en materia judicial. Indicó que le llamó la atención su afirmación. González dijo que las sentencias aludían a la “malicia” de ABC.
La jueza le dijo que “tenga cuidado con el uso de la palabra malicia” y le cortó el uso de la palabra. También Gómez le preguntó a qué se refiere con Código Penal alemán alternativo, atendiendo que el mismo data de 1871. González no supo precisar la fecha. La jueza le contestó que responda en los alegatos escritos cuya fecha límite de presentación es el 18 de setiembre próximo.