En San José de Costa Rica, sede de la Corte IDH, la instancia judicial, presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández López, realizó una extensa audiencia que duró casi nueve horas, con tres pausas, en el caso Aldo Zuccolillo Moscarda vs. Estado paraguayo.
Alude al caso del exdirector del diario ABC Color, que entre 1998 hasta diciembre de 2005 estuvo sometido a un proceso penal de acción privada sobre la base de una querella promovida por el exsenador de la ANR Juan Carlos Galaverna, quien se sintió agraviado por publicaciones realizadas en el medio de comunicación relacionadas con el vaciamiento de un banco público, el Banco Nacional de Trabajadores (BNT). En el proceso penal Zuccolillo fue condenado por la comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria, imponiéndosele una pena de multa de G. 754.000.000 y un monto similar en concepto de composición, una pena adicional consistente en el pago de una suma de dinero a favor del senador de la nación querellante.
En la audiencia, el perito argentino Hernán Víctor Gulcco dijo que el caso BNT reveló aspectos vinculados a temas de interés público que involucraban a Galaverna.
Señaló que el Código Penal paraguayo tiene una “impronta de tradición autoritaria”. Indicó que “la prueba del dolo” aludiendo a la sentencia en Tribunal de Primera Instancia. Seguidamente, agregó que la doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema de EE.UU. “es una garantía mayor en defensa de la libertad de expresión”. Sin embargo, alegó que “es una equivocación” en su aplicación en el fuero penal. Argumentó que la doctrina de la Real Malicia fue elaborada en el campo civil por daños y perjuicios en un juicio al diario New York Times.
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La perito Paulina Gutiérrez Ramírez (mexicana) dijo que en la justicia de Paraguay se registró “un patrón de litigio”. Indicó que existió una judicialización de casos de interés público, que sucedieron en casos de investigaciones periodísticas sobre el vaciamiento del BNT. Indicó que las publicaciones aludían a un gran impacto en el sistema financiero en la década del 90. “Hay un abuso del proceso por judicializar casos de interés público”, manifestó.
Abogó por despenalizar los delitos de difamación y calumnia en casos de interés público. “No se puede proteger una reputación que no se tiene o se merece, que la perdió por actos ilegales. El poder político y legal que contaba el entonces senador, que le habilitaron tener influencia de alto nivel”, dijo, aludiendo a Galaverna.
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Por su parte, el relator de la CIDH, Pedro Vacca, dijo que no se demostró falsedad de las publicaciones ni malicia. Insistió que el Estado violó la libertad de expresión del exdirector de ABC. Por su parte, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresaron en el mismo sentido y manifestaron que el “periodismo de investigación está en peligro”.
En la defensa del Estado, el procurador saliente Marco Aurelio González, dijo que ABC incurrió en “mentiras temerarias”. Los jueces Verónica Gómez y Rodrigo Mudrovitsch cuestionaron la ponencia del procurador y le pidieron que extienda su posición en los alegatos finales, que deben presentarse hasta el 18 de setiembre próximo.