Cancillería debe aclarar alcance de acuerdo con EE.UU. para recibir a solicitantes de asilo, dice senador

El senador opositor independiente Eduardo Nakayama dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe explicar con mayor claridad en qué consiste el acuerdo firmado la semana pasada por el cual Paraguay acepta recibir ciudadanos de terceros países que solicitan asilo en los Estados Unidos. Afirmó que es “válido” pensar que podría tratarse de una concesión para mejorar la situación del expresidente Horacio Cartes, sancionado por EE.UU. por supuestos hechos de corrupción.

El canciller paraguayo Rubén Ramírez (a la izquierda) y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante el anuncio del acuerdo, el pasado jueves en Washington.
El canciller paraguayo Rubén Ramírez (a la izquierda) y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante el anuncio del acuerdo, el pasado jueves en Washington.142040+0000 JIM WATSON

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor Eduardo Nakayama (independiente) se pronunció sobre el acuerdo firmado por el gobierno de Paraguay con Estados Unidos para recibir temporalmente a solicitantes de asilo del país norteamericano y sobre un polémico proyecto de ley que podría posibilitar “puenteos” a la Contraloría General de la República.

La semana pasada, el canciller paraguayo Rubén Ramírez y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, firmaron un “memorando de entendimiento” por el cual Paraguay acepta recibir a migrantes de terceros países que solicitan asilo en los Estados Unidos, mientras esos pedidos de asilo son procesados por el país norteamericano.

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El gobierno del presidente Santiago Peña no fue claro sobre cómo se llevaron a cabo las negociaciones para ese acuerdo o sobre si Paraguay recibiría algún beneficio a cambio de aceptar que Estados Unidos desvíe migrantes a nuestro país.

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Cancillería debe informar más detalladamente

Eduardo Nakayama, senador.
Eduardo Nakayama, senador.

El senador Nakayama señaló que Paraguay tiene “una larga tradición de asilo” y que la oposición no está en contra de recibir solicitantes desde los Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que, siendo un país pequeño, Paraguay podría recibir solo un número limitado de postulantes a asilo, y dijo que es necesario que la Contraloría “informe más detalladamente de qué se trata este acuerdo” antes de emitir juicios al respecto.

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Una posibilidad que algunos sectores han señalado es que el acuerdo sea una concesión del gobierno del presidente Peña con Estados Unidos para favorecer al expresidente Horacio Cartes – mentor político de Peña -, sobre quien aún pesan sanciones que el gobierno estadounidense anterior al actual del presidente Donald Trump le impuso por supuestos hechos de corrupción.

Al respecto, el senador Nakayama dijo que es “una especulación súper válida”, particularmente teniendo en cuenta que el nuevo embajador de Paraguay en Estados Unidos es Gustavo Leite, muy cercano al expresidente Cartes.

Sin embargo, el legislador opositor insistió en que prefiere esperar que la Contraloría informe mejor sobre el acuerdo antes de dar una opinión.

“Puenteo” a Contraloría

En otro punto, el senador Nakayama comentó sobre un proyecto de ley que habilitar al Tribunal de Cuentas a juzgar cuentas públicas, una propuesta legislativa que la Contraloría General de la República denunció como una potencial herramienta de “puenteo” a sus controles a funcionarios públicos.

El legislador explicó que el proyecto original, cuya versión modificada sería tratada hoy en el Senado, tenía el “fin noble” de ampliar la capacidad de las salas del Tribunal de Cuentas.

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Sin embargo, se introdujeron modificaciones a pedido de la Corte Suprema de Justicia que, según alertó la Contraloría, “podría significar un puente para que intendentes o gobernadores presenten informes directamente al Tribunal de Cuentas” y puedan eludir requerimientos de la Contraloría.

Dijo que él y varios otros senadores anunciaron que votarán por el rechazo del proyecto, argumentando que el Tribunal de Cuentas es un ente juzgador, no contralor, y que no se puede habilitar “una vía para que intendentes y gobernadores eviten el control de Contraloría”.

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