El proyecto cuenta con dictamen en mayoría a favor de la ratificación del Senado de la comisión de Legislación y esta tarde se sumó el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales. Para su aprobación definitiva se requerirá en la plenaria la mayoría absoluta de 23 votos, de acuerdo al artículo 207, numeral 2, de la Constitución Nacional.
En caso de reunir los votos, quedará firme la versión del Senado; de lo contrario, se sancionará la versión de Diputados.
El eje central del debate es qué órgano debe tener la última palabra sobre el juzgamiento de cuentas públicas: la Contraloría General de la República o el Tribunal de Cuentas.
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El senador Ramón Retamozo (colorado disidente y aliado cartista) adelantó su postura por el texto de Diputados, defendiendo las facultades constitucionales de la CGR. “La Contraloría tiene la competencia de hacer un examen exhaustivo de cada administración. Esa es su función constitucional y por eso acompaño la versión Diputados”.
En contrapartida, el senador Líder Amarilla defendió la ratificación del texto Senado. “El Tribunal de Cuentas tiene rango constitucional para resolver conflictos contencioso-administrativos y juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación. Esto no excluye a la Contraloría, pero sí legaliza una práctica vigente en los tribunales desde hace años”.
Críticas a la Contraloría y respaldo al Tribunal de Cuentas
Durante el debate previo, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales varios legisladores cuestionaron la labor de la CGR por supuesta falta de independencia y transparencia. Líder Amarilla sostuvo que la institución “hoy es un mero instrumento para blanquear algunas administraciones mientras persigue a otras”.
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) coincidió en fortalecer el rol del Tribunal de Cuentas. “No existe obstrucción al trabajo de la Contraloría. La auditoría es a priori, pero el juzgamiento posterior corresponde al Tribunal de Cuentas. Un administrador necesita una sentencia judicial para tener tranquilidad, no solo un informe de auditoría, que siempre está sujeto a vaivenes políticos”.
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Zacarías Irún agregó que el desafío es dotar de más recursos técnicos y humanos a la Fiscalía de Cuentas y al propio Tribunal de Cuentas, “para que la fiscalización sea real y efectiva en municipios, gobernaciones e instituciones públicas”.
Una votación clave para el control de cuentas públicas
La sesión de mañana será determinante ya que si se aprueba la versión del Senado, se ratificará la competencia del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de cuentas públicas, consolidando lo que algunos denominan como un “puenteo” a la Contraloría.
Mientras que, si gana la versión Diputados, se reafirmará el papel central de la Contraloría General de la República en los controles financieros del Estado.
El resultado de esta votación marcará un precedente clave para el sistema de control y rendición de cuentas en Paraguay, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia en el manejo de fondos públicos.