Una adenda con cláusulas leoninas firmó el 10 de mayo último José Ocampos, poco antes de dejar la presidencia de Cañas Paraguayas SA (Capasa) –que sucedió el 20 de junio último–. Se trata de un documento que modifica un convenio refrendado el 2 de agosto de 2024 con la empresa Santacruz y Cía. SA, representada por Marco Santacruz Aguirre, para la distribución y comercialización de los productos elaborados por la citada empresa de elaboración de caña, cuyo principal accionista es el Estado paraguayo.
En el documento inicial Capasa acordó con la referida empresa la distribución y comercialización de sus productos en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, San Pedro, Amambay, Concepción y los departamentos comprendidos en la región Occidental, para las marcas Aristócrata y Parapiti, en todas sus presentaciones, y cualquier producto que lance al mercado Cañas Paraguayas SA. El plazo es hasta el 2 de agosto de 2029.
De acuerdo a la cláusula cuarta de ese primer contrato, la mencionada empresa será beneficiada con la lista de precios establecida para los distribuidores vigentes. No se estableció un monto de compra mensual para la empresa, no obstante, por sus adquisiciones iguales o superiores a G. 1.000 millones recibiría un 5% de bonificación.
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La exclusividad
El 29 de abril de 2025, Ocampos firmó el primer agregado al contrato de 2024. En ese documento se amplió el territorio de comercialización de Santacruz y Cía. SA. Se autorizó la exportación a Argentina y Brasil y se agregó una exclusividad vinculante para la empresa privada, independientemente a los cambios de presidencia, dirección, administración o propiedad de cualquiera de las partes, así como a modificaciones en la razón social o estructura societaria de las empresas. “Esta obligación será vinculante para sucesores, herederos, adquirentes o cualquier tercero que asuma el control de las partes” (sic).
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En esta adenda igualmente se añadió la irrenunciabilidad de derechos, como que ninguna de las partes podrá alegar cambios en su estructura directiva, accionaria o legal para incumplir las obligaciones de exclusividad, suministro o distribución establecidas en el contrato.
Además, en caso de fusión o reorganización de la empresa Capasa o Santacruz y Cía. SA, el nuevo titular deberá asumir expresamente el contrato como condición para la operación.
Lo cierto es que 11 días después, ya en mayo, el contrato sufre otra adenda. En esta ocasión las cláusulas de exclusividad resultan más rotundas aún. Se agregó que la empresa Santacruz y Cía. SA pasaba a ser ÚNICO Y EXCLUSIVO distribuidor para los productos (actuales y futuros) de Capasa en TODO el territorio paraguayo.
A esto se sumó que Capasa autorizó a la empresa privada a incorporar sus empleados para realizar auditorías operativas y financieras en la fábrica del Estado. Asimismo, se agregó que las compras mínimas mensuales debían ser por G. 1.500 millones por un periodo de seis meses desde la firma de la adenda.
En tanto, a partir del sexto mes las compras debían ser por un mínimo de G. 1.800 millones.
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Sin rastros del primer pago
El actual titular de Capasa, Manuel Chávez, reconoció que al llegar al ente el 20 de junio de 2025 se encontró con la adenda con cláusulas leoninas, por lo cual pidió a la asesoría jurídica una revisión y negociación con la empresa privada. Dijo que su intención es lograr el cambio de algunas de las cláusulas.
Afirmó que, según los reportes de la empresa Santacruz y Cía. SA ya hizo en la gestión anterior el primer pago de G. 1.500 millones, en dos partes (primero G. 1.000 millones y luego G. 500 millones). Sin embargo, de acuerdo a Chávez, no hay rastros del ingreso de ese dinero a Capasa, para lo cual se está realizando una auditoría financiera. Los primeros indicios son que fueron pagados sueldos con ese monto, “pero no tenemos la certeza aún por eso estamos haciendo una auditoría financiera”, expresó.
Chávez señaló que ya remitió un informe de 500 páginas sobre la crítica situación en la que encontró Capasa, al presidente de la República, Santiago Peña, y a la Procuraduría General de la República (PGR), para las medidas correspondientes.
ABC intentó ayer obtener la versión de José Ocampos, pero no atendió las llamadas al teléfono celular con terminación 496.
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Piden pago de salarios
Alrededor de 170 funcionarios de Capasa realizaron una serie de protestas en los últimos días para pedir el pago de al menos tres meses de salarios, además de un auxilio económico para salvar a la fábrica cañera. Los empleados, a través de pasacalles, culpaban de la catástrofe de Capasa a su extitular José Ocampos, a quien llamativamente el presidente Santiago Peña lo mantiene como parte del directorio. Según los registros en 2024, durante la administración de Ocampos, Capasa duplicó sus perdidas con relación a 2023. De 2.379 millones pasó a G. 5.546 millones.