Para el abogado especialista en Derechos Humanos, Ezequiel Santagada, el reporte no solo documenta “violaciones a la libertad de expresión y degradación del entorno cívico”, sino que también constituye una señal diplomática de alto impacto, capaz de influir en la política interna y en las relaciones bilaterales.
“Este es un informe que cada año elabora el Departamento de Estado, y sobre el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo de EE.UU. toman decisiones sobre posibles sanciones a países por violaciones de derechos humanos”, explicó Santagada.
Santagada recordó que la famosa Ley Magnitsky permite sancionar a personas involucradas en corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos, y que la libertad de expresión es uno de los puntos más vigilados por Washington.
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“No hay que olvidar que incluso la administración de Donald Trump dejó claro que violar la libertad de expresión es una amenaza seria a la democracia, especialmente en el hemisferio occidental”, subrayó.
En este sentido, mencionó que el reporte de 2024 inicia señalando las violaciones a la libertad de prensa y la persecución a voces críticas mediante la Comisión Garrote y acciones judiciales abusivas, lo que se conoce como censura indirecta.
“Se usan querellas, amparos y hasta la Ley 5777 ”De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia para acallar a quienes critican la gestión pública. Parece que solo se tolera el discurso oficial y las noticias positivas”, denunció.
Un mensaje político y diplomático, advierten
Uno de los puntos que Santagada consideró clave es que la vocera del Departamento de Estado aclaró que este informe es 100% elaborado por la administración actual, sin herencias o sesgos de gobiernos anteriores.
“Es importante interpretarlo bien: todo lo que se dice ahí es la posición oficial de Estados Unidos hoy. Es un mensaje para que Paraguay corrija ciertas derivas autoritarias”, afirmó.
El especialista explicó que la política exterior de Washington hacia los países del hemisferio se basa en tres pilares fundamentales:
- Respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos.
- Combate al crimen transnacional, especialmente el narcotráfico.
- Promoción del comercio y de un marco de seguridad jurídica estable.
En este contexto, la libertad de prensa es considerada un requisito básico para la cooperación bilateral.
“Cuando ven que surge un actor político o institucional que pone en riesgo la libertad de expresión, reaccionan. Lo hemos visto con sanciones a figuras de Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela”, ejemplificó.
Acerca de la posibilidad de que existan riesgos reales de sanciones a Paraguay, Santagada dijo que el documento actual no implica sanciones inmediatas, pero sí funciona como una señal de advertencia.
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“Podrían aplicarse sanciones si se sigue usando el aparato estatal para perseguir voces disidentes o imponer intereses políticos o económicos. Por ahora, es un llamado de atención”, indicó.
El abogado señaló que, en otros casos, Estados Unidos ha sancionado a funcionarios de alto rango por acciones similares, y que el precedente debería tomarse en serio.
“Esto no es un ataque a la soberanía, sino una comunicación institucional de que hay problemas y espacio para mejorar”, dijo.
Una oportunidad para rectificar
Santagada insistió en que este tipo de reportes pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia y las garantías individuales.
“Si se respeta la libertad de prensa y los derechos humanos, mejora la calidad de vida de todos. Es un beneficio para la imagen internacional y para la atracción de inversiones”, afirmó.
En un escenario regional donde países como Venezuela, Nicaragua o Cuba ya sufren aislamiento diplomático, el abogado advierte que Paraguay no puede arriesgarse a deteriorar su reputación internacional:
“La imagen país es clave. Sin confianza internacional no hay inversiones, y sin inversiones no hay empleo ni desarrollo”, concluyó.