“Todavía” (sic), respondió a ABC el martes último la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco), Sara Irún. Fue luego de consultársele sobre la existencia de antecedentes de medidas similares contra otros comercios supuestamente verificados que se asemejen a la desproporcionada medida de suspender las actividades de los 263 locales de la cadena Biggie, parte del grupo ABC -que también es propietario de este diario-.
Irún así dejó más en evidencia de que la operativa de vendetta del presidente Santiago Peña era contra ABC, pero podría alcanzar a otras empresas.
En el caso de Biggie, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), a cargo de Jorge Iliou, firmó una disposición sin precedentes de cerrar TODA la cadena luego de inspeccionar apenas DOS locales, mientras que Sedeco lo hizo en CINCO sucursales.
Ambas instituciones argumentaron que durante las verificaciones encontraron supuestamente productos vencidos, remarcajes y otras anomalías.
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Sin embargo, a pesar de que la misma Dinavisa dice que “no es posible asegurar de forma concluyente que el 100% de las sucursales restantes de la cadena operan bajo las mismas condiciones de riesgo”, optaron por cerrar los 263 locales, distribuidos en 31 ciudades y que emplean a 5.300 personas.
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El Art. 27 de la Ley 7361/2024 “Que modifica y amplía las disposiciones de la Ley 6788/2021 de competencia, atribuciones y estructura orgánica de Dinavisa” precisamente dice que las medidas cautelares como las suspensiones y otras deben ser “cuando exista, o se sospeche razonablemente que exista, un riesgo inminente y grave para la salud” (sic).
Severidad veloz contra Biggie
El operativo para la suspensión de Biggie se hizo con una severidad veloz. Arrancó el 7 de agosto de 2025 con la denuncia de un aparente perfil falso en redes sociales.
Ese día, Sedeco inspeccionó en forma casi inmediata un local en San Lorenzo y supuestamente encontró seis paquetes de productos vencidos que fueron retirados inmediatamente. Casualmente, en esa misma jornada, Irún se reunía con el presidente Peña.
El 11 de agosto de 2025, Sedeco volvió con sus inspecciones. Esta vez visitó cuatro locales en Asunción, con pocas horas de diferencia.
Inmediatamente, luego de las maratónicas inspecciones hechas por DOS fiscalizadores, la titular de Sedeco elaboró un informe y lo remitió a la Dinavisa.
El 12 de agosto de 2025, Dinavisa sin “perder tiempo” visitó con Sedeco DOS sucursales de Biggie. Ese mismo día, en horas de la tarde, se dio a conocer la inédita resolución de Dinavisa, mediante la cual no suspendía solo los locales inspeccionados y con supuestas irregularidades, sino TODA la cadena de minimercados.
Pedido de transparencia en el proceso
El presidente de la sociedad Interamericana de Prensa (SIP), José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, señaló que las autoridades “deben garantizar la transparencia del proceso y así evitar decisiones estatales que puedan percibirse como represalias o neutralización de críticas periodísticas”.
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Fue al emitir su preocupación sobre la inédita orden emitida por las autoridades paraguayas que determinó el cierre temporal de los 263 locales de la cadena Biggie Express, perteneciente al Grupo Zuccolillo, propietario del diario ABC Color.
El periódico, a través de un editorial, denunció la medida como “feroz apriete para acallar” al medio, según publicó la SIP.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “se debe explicar clara y públicamente la justificación de la medida, para evitar cualquier apariencia de discriminación conforme a los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec”.
El principio 6 de la Declaración de Chapultepec, suscrita por el presidente Santiago Peña en octubre de 2024, afirma que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.
ABC desde los últimos meses enfrenta todo tipo de amenazas del mandatario. Este último, en enero pasado, cuando nuestro diario publicó su vida de ostentaciones, mientras la población debe sortear hospitales sin profesionales ni medicinas, escuelas que se caen a pedazos, inseguridad y una infraestructura vial cada vez más destruida, además de la pesada carga de corrupción política.
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Peña, sin importar estas problemáticas, decidió en menos de un año de gobierno construir en una de las cimas de la Cordillera de los Altos una mansión de verano. A su lujosa residencia particular viaja en helicóptero presidencial, según mostró nuestro diario.
A los lujos de Peña lo acompaña el rosario de denuncias sobre los beneficios y acceso a información privilegiada para sus socios comerciales hasta marzo pasado. Se trata del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.
El Grupo Vázquez, que maneja un banco, empresas de tecnología y otros, logró un extraordinario crecimiento en los últimos 20 meses.