Actualmente, la comisión fue creada para indagar abusos de las empresas telefónicas y proveedoras de internet. El senador Dionisio Amarilla (liberocartista) argumenta que la reciente intervención y cierre temporal de 263 locales de Biggie en todo el país, ordenada por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), justifica la ampliación de su alcance hacia otros comercios que “pongan en riesgo la salud y economía de los consumidores”.
La intervención gubernamental se originó en 12 locales, pero derivó en el cierre de todos los puntos de venta de Biggie, afectando a más de 5.300 trabajadores en 31 ciudades del país. Según Sedeco y Dinavisa, se detectó la venta de productos vencidos, incluyendo en farmacias de la misma cadena.
Amarilla defendió la propuesta de la comisión: “No podemos limitarnos solo a investigar a las telefónicas. Debemos abrir un capítulo para recibir denuncias de todo el mundo comercial que afecten la salud y economía de las familias. Los mecanismos de reclamo no dan respuestas rápidas y la gente termina perdiendo su dinero”, sostuvo.
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El legislador comparó el trabajo de la comisión antimafia de pagarés señalando que establecieron un canal formal de denuncias con QR y enlaces activos, y que la ciudadanía reclama una actuación más amplia.
Persecución económica para acallar voces críticas
En la vereda opuesta, el senador liberal Ever Villalba acusó al gobierno de Santiago Peña de usar a las instituciones para perseguir a empresas críticas y medios de comunicación opositores.
“No son hechos aislados. Esto responde a una lógica de atropello y sometimiento. El propio presidente ya había advertido públicamente a este grupo económico. Ahora se inicia una persecución económica para acallar voces disidentes”, afirmó.
Villalba recordó que Biggie forma parte del Grupo ABC, propiedad de la familia Zuccolillo, que también es dueña del diario ABC Color, medio crítico al gobierno.
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“En la dictadura ya cerraron ABC por levantar la voz contra el tirano. Hoy estamos camino a eso. Si no se alinean, cerrarán ABC, irán contra Última Hora y cualquier medio que incomode. Tanto critican a Maduro, pero hacen lo mismo: cerrar empresas que no son de amigos”, sentenció.
La posible aprobación exprés del proyecto en el Senado, impulsada por Amarilla y el cartismo, reaviva las tensiones entre el oficialismo y sectores opositores. Para unos, la ampliación de la comisión responde a una defensa legítima de los derechos del consumidor; para otros, se trata de un nuevo capítulo de la confrontación del cartismo con medios críticos y un paso hacia la concentración de poder.