El 7 de agosto último, Carlos González Morel, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), realizó una visita pública a Horacio Cartes Jara, presidente de la Asociación Nacional Republicana o partido Colorado, en la mismísima sede partidaria.
La visita, señaló González Morel en sus redes, fue con motivo de hablar sobre “la importancia de construir alianzas estratégicas para fortalecer la educación superior en Paraguay”.
Derecho UNA, desde hace varios años, viene siendo objeto de denuncias por la partidización institucional; sin embargo, es la primera vez que un decano habla públicamente de avanzar en establecer una alianza formal con el partido de gobierno.
Antecedentes de González Morel
González Morel es afiliado a la ANR. Antes de ocupar el cargo de decano figuraba como contratado en la Itaipú Binacional, de donde fue comisionado para el ejercicio como decano. Además, durante el gobierno de Cartes se presentó como candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia.
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Entre los “correligionarios” a cargo de González en la institución académica se encuentra Jorge Bogarín Alfonso, quien ha sido declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos y figuraba con asignación salarial de “docente técnico I” con un salario de G. 5.666.452 hasta junio pasado.
Desde su irrupción en el gremio docente en 2020, Bogarín hace alarde del abierto apoyo recibido por parte de Horacio Cartes.
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En mayo último, para postularse como candidato no docente para el Consejo Directivo de Derecho UNA, renunció a varios de sus rubros del escalafón docente, pero “cedió” sus cátedras a su exsecretario en el Consejo de la Magistratura, Christian Gabriel Cáceres Villalba, para mantener el control sobre ellas. Solo en Derecho, Cáceres gana G. 4.948.365 por mes.
Por otra parte, la esposa de Bogarín, Karen González Orrego, jueza en lo Civil y Comercial y miembro del Consejo Directivo de la Facultad, posee rubros docentes equivalentes a G. 18.163.062 al mes. Además, Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso, hermano de Jorge, gana G. 12.007.464 al mes por cinco rubros docentes.
Otros cartistas son los hermanos José Antonio y Marcos Aurelio González Maldonado. José Antonio figura como director jurídico del IPS, miembro del Consejo Directivo y docente de la Facultad. En conjunto lucra G. 5.969.465 al mes.
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Por otra parte, Marco Aurelio González Maldonado, quien ha participado en actos proselitistas de Bogarín, es docente y vicedecano de la Facultad, procurador general de la República y miembro titular del Banco Central del Paraguay. Por sus funciones cobra G. 19.522.014 al mes solo en la facultad.
Históricos actos de injerencia
En el 2010, el entonces candidato a la Intendencia Arnaldo Samaniego realizó un acto proselitista dentro de Derecho UNA.
En 2023, en plena campaña de Santiago Peña, estudiantes denunciaron en redes que el docente y dirigente colorado José Ocampos utilizaba su cátedra para adoctrinar y arrear a estudiantes.
En febrero de 2024, en plenas elecciones del Centro de Estudiantes, la candidata Belén Silvero apareció en una fotografía con Horacio Cartes.
Quiñónez, declarada visitante ilustre
En la misma fecha de su visita a Horacio Cartes, Carlos González Morel reconoció a Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, exfiscala general del Estado, como “egresada ilustre”. Sin embargo, este homenaje desata controversia dada la gestión de Quiñónez al frente del Ministerio Público, marcada por serias acusaciones y un “desangramiento de la institución”.
Polémicos antecedentes
Durante su mandato entre 2018 y 2023, Quiñónez fue señalada por su protección al cartismo. Se la acusó de “cajonear” importantes causas de corrupción, incluyendo informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, el notorio Caso Messer, y alertas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que involucraban a figuras como Horacio Cartes y su entorno.
A pesar de haber prometido transparencia al asumir el cargo, se negó a ser auditada por la Contraloría General de la República, llegando incluso a interponer una acción de inconstitucionalidad para evitar la fiscalización.
Su sucesor, Emiliano Rolón Fernández, describió la gestión de Quiñónez como un “desangramiento de la institución”.
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Tras su salida de la Fiscalía y asumir la nueva gestión, Rolón anuló más de 360 nombramientos y ascensos que Quiñónez realizó en sus últimos meses (entre diciembre de 2022 y marzo de 2023), calificándolos de “trampas” que generaron un “descalabro del presupuesto” y obstaculizaron la nueva administración. Además, Rolón la denunció por supuesta lesión de confianza relacionada con una obra inconclusa en Caazapá y la omisión en reclamar una póliza de seguro, lo que causó un perjuicio patrimonial al Ministerio Público. Otro punto crítico señalado por el actual fiscal general fue la desactivación de órganos internos vitales, como la Inspectoría General y el Consejo Asesor, que permanecieron inoperantes durante su administración.
Sandra Quiñónez logró sortear cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo, lo que demuestra la influencia política que la blindó. La inacción de Quiñónez no solo se tradujo en un “cajoneo” de denuncias sino que también dejó impunes casos de alto impacto.