Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de “protección de datos personales del Paraguay”, por lo que retorna a Diputados para su último trámite constitucional.
El punto central en discusión será el artículo 24, ya que según advierten, la versión de la Cámara Baja directamente aniquilaría las leyes de Acceso a Información Pública, mientras que la versión Senado –el “mal menor”– ya que no implica que no se pongan en riesgo la transparencia, ya que si bien habrán restricciones, no serán totales.
“Si esta versión se convierte en ley (haciendo referencia a la del Senado), en la práctica habrá más restricciones. No matarían la ley de Acceso a la Información, pero complicarían su aplicación”, consideró el abogado Ezequiel Santagada comparando ambas versiones.
Remarcó que “es mejor esta versión que la de Diputados, ya que salva la información que las fuentes públicas deben publicar sin que nadie lo pida (básicamente, la información de la Ley 5189 y la de los artículos 8 a 11 de la Ley 5282)”.
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Santagada acotó que la versión Senado no es inocua y tiene potencial efecto negativo, aunque no es tan letal para la transparencia como la versión Diputados.
La versión Cámara Alta “deja lugar a que un nuevo órgano (la Agencia de Protección de Datos Personales) interprete si se dará acceso a no en los demás casos, introduciendo un nuevo procedimiento que alargará los plazos de definición”, alertó.
Tanto la Ley Nº 5189/14, que “establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, como la Ley Nº 5282, “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, fueron promulgadas por el expresidente Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado y líder de HC.
“Hay un antes y un después de 2013 en transparencia. En el día internacional del Acceso a Información Pública reafirmo mi compromiso: lo público en público”, escribió el 28 de septiembre de 2017 en X, Horacio Cartes, alardeando de las citadas leyes promulgadas en su gobierno.

Ahora, su misma mayoría en el Congreso y su “delfín” político, el actual presidente de la República, Santiago Peña, podrían fulminar estas leyes de las que tanto alardea recurrentemente sobre su gestión.
En el caso de Peña sería más alevoso el desprecio al “legado” de su líder, ya que tiene la potestad de vetar parcialmente, eliminando solo ese artículo y dejar la ley tal cual está.
Para colmo, el propio Santi Peña promulgó con bombos y platillos la Ley N° 7389/24, que establece la “Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción”, por lo que sería contradictorio que permita que se aniquile una de las pocas herramientas de transparencia en favor de la ciudadanía.
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Ambas leyes han sido claves para detectar icónicos casos corrupción pública, entre ellos, los cientos de casos de “nepobabies” que es lo que aparentemente molesta al cartismo, que si bien no tiene la exclusividad en cuanto a beneficiar a sus familiares, sí ganan bastante en números.
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Durante la sesión en Cámara de Senadores, se planteó eliminar el cuestionado artículo 24, a fin de que no haya dudas sobre la aplicación de las actuales leyes de transparencia en la función pública, sin embargo, se impuso la modificación.
En el caso de que Diputados no acepte los cambios, Senado tendrá la última palabra, y necesitará mayoría absoluta (23) para ratificarse.