La Cámara de Senadores aprobó esta tarde con modificaciones el proyecto de ley de protección de datos personales. El expediente vuelve a la Cámara Baja para su último trámite.
La iniciativa era duramente cuestionada por la oposición y organismos de transparencia pública debido a que cuando obtuvo la media sanción en Diputados fue desvirtuada de su objetivo original impulsado por la sociedad civil. Esto debido a que diputados del sector oficialista introdujeron artículos para obstaculizar la ley de acceso a la información pública de funcionarios públicos, lo que iba a permitir ocultar casos de nepotismo y otros hechos de corrupción.
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Ante las críticas, senadores del cartismo resolvieron hoy aprobar el proyecto pero con modificaciones propuestas por las comisiones asesoras que controlan.
El vocero de las comisiones, Patrick Kemper (ANR, oficialista), sostuvo que el texto consensuado de 61 artículos solo ampliaba de 15 a 20 días, en casos puntuales, el plazo máximo para que los organismos estatales respondan los requerimientos de datos.
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La iniciativa fue aprobada en general con sus modificaciones por la mayoría de las bancadas. Pero la aprobación del artículo N° 24, sobre los polémicos límites al acceso a la información pública, quedó registrada. En total de 12 senadores opositores y colorados disidentes pidieron anular el artículo en cuestión, pero 19 oficialistas colorados y liberocartistas dieron su respaldo al mismo artículo y modificaciones.
Pidieron testar el artículo N° 24
Durante el debate varios senadores, entre ellos Lilian Samaniego (ANR), José Oviedo (Yo Creo) y Eduardo Nakayama (independiente), solicitaron testar el polémico artículo, que restringe la divulgación de datos de funcionarios públicos.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) advirtió que dicho artículo era inconstitucional y que el artículo N° 34 saca atribuciones crediticias al Banco Central del Paraguay. Esperanza Martínez (FG) repudió el abuso de la mayoría cartista.
La iniciativa también crea la llamada agencia nacional de datos personales dentro de la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), órgano cuestionado por su incapacidad para contrarrestar los hackeos informáticos de los últimos meses. La senadora Celeste Amarilla (PLRA) lamentó que se entreguen más atribuciones al Mitic y a su titular Gustavo Villate, primo del presidente Santiago Peña (ANR, HC).
Samaniego había pedido tratar la ley ante la recolección de datos biométricos en la Expo por ueno bank, propiedad de los exsocios de Peña.
En un principio, la ley de protección de datos personales buscaba regular el manejo de información sensible de la ciudadanía, aunque el proyecto que finalmente se impondría concede mucho poder discrecional al Ejecutivo, ya que dejaría gran parte de la regulación a la reglamentación.