La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) resolvió el 18 de enero de 2023 rescindir el contrato con el Consorcio Arapoty Transformadores, representado por Dionisio Amarilla González (padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla Guirland). En esa misma documentación dispuso la intimación a esa compañía para la devolución de G. 3.139 millones, que recibió como anticipo de acuerdo, y G. 1.713 millones de garantía por incumplimiento de compromiso, es decir, debe reembolsar G. 4.852 millones.
La ANDE, asimismo, resolvió remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que esta pueda investigar si la conducta del mencionado consorcio y sus integrantes estaba subsumida en los supuestos hechos establecidos en el Art. 72 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”. En dicho articulado se establecían las sanciones para los proveedores o contratistas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
La comunicación de la ANDE se hizo el 23 de enero de 2023, mientras que el 13 de julio de 2023 (casi 6 meses después y aun en el gobierno de Mario Abdo Benítez) la DNCP resolvió dar apertura al sumario para el Consorcio Arapoty Transformadores y las firmas integrantes: Superkva Transformadores SA y Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland.
Lo llamativo es que 13 de octubre de 2023 (luego de tres meses de la apertura del sumario y en la gestión ya de Santiago Peña), Contrataciones Públicas resolvió suspender el sumario administrativo al Consorcio Arapoty Transformadores y sus integrantes: Superkva Transformadores SA y el senador satélite del cartismo Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland.
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Por “solicitud”
Según el análisis de la DNCP, la suspensión del sumario se dio el 13 de octubre de 2023, luego de que el Consorcio Arapoty Transformadores haya remitido “antecedentes documentales ingresada por mesa de entrada manual e identificado como expediente DNCP N° 6738/23, a través del cual ha denunciado hechos nuevos solicitado la suspensión del sumario administrativo” (sic).
La resolución firmada por el actual director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, dice que el Consorcio argumentó que ha promovido demanda contenciosa administrativa en contra de las resoluciones de la ANDE y que “ambas resoluciones están suspendidas en sus efectos como consecuencia de la acción contenciosa presentada” (sic).
El director de la DNCP concluyó que “en virtud a lo expuesto, resulta procedente suspender el presente sumario, a fin de aguardar el posterior pronunciamiento de dicho órgano competente a fin de evitar la emisión de una resolución administrativa contradictoria con la sede jurisdiccional y que pueda ocasionar perjuicios por los cuales tuviera que responder la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas” (sic).
Ley dice otra cosa
Lo cierto es que la decisión de la DNCP de suspender el sumario es contraria al artículo 21 de la Ley 2051/03 y sus decretos reglamentarios por la cual se adjudicó el contrato y se dio apertura al sumario (actualmente rige la Ley 7021). En dicho ítem que correspondía al capítulo II dice que “el sumario administrativo será impulsado y concluido sin perjuicio de los procesos sustanciados o a sustanciarse en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales” (sic).
A esto agregaba que “la responsabilidad administrativa derivada de estos procesos es independiente a las sanciones que pudieran ser aplicadas por otra autoridad competente” (sic). Es decir, llama la atención la decisión benevolente de Contrataciones Públicas, algo que ABC ya dejó en evidencia en publicaciones anteriores.
Sin embargo, el aparente incumplimiento de la normativa resulta más sugestivo, atendiendo que en ninguna parte de la resolución de la DNCP se especifica disposición judicial conseguida por el Consorcio Arapoty Transformadores para suspender los efectos de la resolución de la ANDE. Solo se menciona la tramitación de la demanda ante el Tribunal de Cuentas de la Capital.
ABC intentó ayer contactar con el director de la DNCP, Agustín Encina, para conocer los argumentos de su decisión. Sin embargo, a través de su encargado de Comunicación nos mandó a decir que no podía atendernos porque estaba en una presentación.
“Ni cosquillas le hacen”, afirma
“Hoy uno de los diarios me honraba porque sigue instalando con mucha fuerza mi nombre al publicar una situación, probablemente buscando (...) torcer voluntades. Más este hombre hecho de acero, sometido a varias pruebas de fuego, superando varios campos de batalla, presente y firme, con convicciones inquebrantables, ni cosquilla le hacen esas informaciones maliciosas” (sic), dijo ayer el senador Amarilla sobre las publicaciones de ABC. Sin embargo, no desmintió el reclamo que hace la ANDE del reembolso de millones que le pagó como anticipo por un contrato que no cumplió, según ese ente.
Aseguradora “amiga” tampoco cumple
El Consorcio Arapoty recibió el 20 de enero de 2023 la intimación para que en el plazo de tres días reembolse los G. 4.852 millones. Sin embargo, la compañía hizo caso omiso al urgimiento, según dejó constancia la ANDE en el requerimiento que remite el 23 de enero de 2023 (tres días después) a Alfa Seguros y Reaseguros SA, que entonces ya pasó a denominarse ueno Seguros.
ueno Seguros, por su lado, cuyo principal accionista es ueno bank, que a su vez registra como participante importante al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, también se negó a cumplir con el pago de las pólizas. Por ello, la ANDE comenzó el 9 de agosto de 2024 una demanda ante el juez en lo Civil y Comercial de la capital, Alfredo Barrios, por incumplimiento de contrato.
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En dicha instancia, la compañía volvió a evadir el pago y argumentó que para ellos el reembolso está condicionado a la resolución de la demanda administrativa interpuesta por Arapoty ante el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, es un trámite completamente independiente al reclamo de la ANDE.
Tanto el Grupo Vázquez SAE como ueno Seguros fueron socios del presidente de la República, Santiago Peña, hasta marzo de este año, en ueno Holding Saeca. Paradójicamente, Peña el martes último defendió el significativo crecimiento de depósitos de fondos públicos en la entidad bancaria de ese conglomerado.