El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, defendió los millonarios contratos otorgados a la empresa Astelev para la compra y mantenimiento de ascensores, alegando no tener responsabilidad de verificar la documentación de los oferentes antes de adjudicar los contratos.
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Pero ignoraron objeciones
El 14 de agosto del 2024 se realizó la apertura de ofertas para la primera licitación sobre el asunto (ID 451151), donde participaron SETI SA, CGI SRL y Astelev.
CGI presentó objeciones, diciendo que Astelev no contaba con capacidad técnica y financiera, declaraciones juradas, catálogos y especificaciones técnicas, autorización del fabricante, contratos anteriores y currículo de la empresa.
El Comité de evaluación del Congreso Nacional, integrado por Anhalía Brítez, Gloria Amarilla, Oscar Portillo y María Belén Elcano, igualmente aprobó la oferta de Astelev, afirmando que la empresa cumplía con todos los requisitos, incluyendo la autorización del fabricante y que los documentos demostraban las facultades de su equipo técnico. Por otra parte, SETI SA, que había presentado ofertas con precios significativamente menores, fue descalificada.
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Declaraciones de Bachi
En diciembre pasado, cuando se le preguntó a Núñez sobre la presunta falsificación de documentos en el proceso, desestimó el asunto diciendo a los periodistas que “no busquen más en la papelera”. Ayer, tras las recientes publicaciones, argumentó que la ley de Contrataciones les exime de responsabilidad al momento de corroborar los documentos.
Además, defendió el llamado a favor de Astelev diciendo que es una empresa que “siempre trabajó acá con los diferentes presidentes (del Congreso)” y que es “una empresa reconocida de la zona” y que “es la misma empresa que le provee a uno de los edificios de Itaipú”.
Núñez agregó que la licitación fue iniciada por el senador Silvio Ovelar en junio de 2024, sin objeciones previas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Contradijo ley
Las acciones del Comité de Evaluación del Congreso y de Bachi Núñez -contrario a lo afirmado en sus declaraciones-, colisionan con varios artículos de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto reglamentario N° 2264/24.
A pesar de que el Congreso sostuvo que su Comité actuó de “buena fe” (artículo 4, inciso f), la continuación de los pagos a Astelev y la firma de un segundo contrato después de iniciadas las investigaciones, contradicen este principio.
Incluso, en el otro contrato firmado con Astelev (ID 444372), la Resolución DNCP N° 999/25 señaló que el informe de evaluación era “deficiente y no puede autosustentarse”, ya que no se pudo inferir con precisión en base a qué documentación el Comité concluyó que Astelev cumplía con la capacidad técnica requerida.
El pasado 8 de julio, DNCP concluyó que Astelev incurrió en una “falta grave” y la suspendió por ocho meses.
Los pagos de la administración de Bachi Núñez ya superan los G. 846 millones. Núñez incluso autorizó un pago de G. 136.444.800 el 19 de febrero de 2025, trece días después de que la DNCP declarara “inconsistencias administrativas”.