La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha escalado la controversia del millonario contrato de ascensores del Congreso Nacional al remitir los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación. Esta medida se fundamenta en la Resolución DNCP N° 1924/25, la cual concluyó con un sumario administrativo y determinó que la empresa adjudicada, Astelev, de Simón Recalde Romero, incurrió en una “falta grave”.
La resolución establece que la conducta de Astelev se subsume en el inciso d) del artículo 145 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, que sanciona la “provisión de información o documentación falsa en cualquier etapa del procedimiento de contratación”. Como consecuencia, la DNCP dispuso la inhabilitación de Astelev por un período de ocho meses en el Registro de Sanciones del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
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Los argumentos
El punto central de la infracción es la presentación de certificados que Astelev afirmó haber obtenido de la empresa peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores, pero “cuyo contenido no condice con la verdad”. La propia Gatwick Ascensores ha manifestado enfáticamente que los documentos son “falsos” y que ellos no los emitieron.
Los documentos en cuestión eran tres certificados de especialización técnica en áreas como seguridad eléctrica y reparaciones preventivas de ascensores de marcas específicas, supuestamente expedidos en 2016, 2018 y 2021. Nores declaró desconocer las firmas y sellos que aparecían en dichos certificados, calificándolos de “espúreos”.
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Pese a la gravedad de las acusaciones, el dueño de Astelev, Simón Recalde, insistió en la originalidad de los certificados y atribuyó la denuncia a la competencia.
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Contrataciones investigó
Inicialmente, la denuncia formal por supuesta falsificación fue presentada el 21 de noviembre de 2024 por Luis Nores, representante de GW Perú SAC, ante la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso Nacional.
Luego, la DNCP inició una investigación de oficio el 6 de diciembre de 2024. Este proceso culminó el 6 de febrero con la Resolución DNCP N° 374/25, indicando que habían detectado “inconsistencias administrativas” y remitieron los antecedentes al departamento de sumarios para un análisis más profundo del caso.
Efectivamente, el sumario se abrió el 14 de marzo pasado y culminó con la Resolución 1924/25, que se dictó luego de que Astelev no presentara descargo en el sumario administrativo, a pesar de haber sido notificada, lo que la DNCP señaló como un factor agravante de la conducta.
A pesar de las investigaciones en curso, el Congreso Nacional, presidido por Basilio “Bachi” Núñez, continuó con los pagos a Astelev. Un anticipo de más de G. 514 millones se desembolsó el 20 de noviembre de 2024, un día antes de la denuncia formal por falsificación.
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Además, el pasado 19 de febrero realizó un pago de G. 136.444.800, 13 días después que la DNCP encontrara “inconsistencias”.
Hasta la fecha, la empresa Astelev recibió pagos por un total de G. 615.578.296.