El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, entregó hoy al Congreso el informe final de las auditorías que realizaron sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, señalando graves falencias en la gestión pública.
El senador liberocartista Dionisio Amarilla, vicepresidente segundo de la Cámara Alta, recibió oficialmente el informe en representación del Congreso.
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Entre las principales observaciones, Benítez mencionó la falta de transparencia en los estados contables. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica”, afirmó.
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La “falta de sinceridad de estados contables” fue detectada en la mayoría de los ministerios auditados, según detalló.
Activos que deben darse de baja
Benítez, asimismo, informó que, durante las verificaciones realizadas por la CGR, se detectó que en el balance del Ministerio del Interior una “falta de sinceramiento de los activos”.
Dio como ejemplo que figuran patrulleras como activos, a pesar de que estas unidades ya no son encontradas porque se encuentran en desuso o desechadas.
En ese sentido, refirió que se viene insistiendo como recomendación la importancia de dar de baja los activos que ya no cumplen una función o que han sido desechados.
Casos específicos: Salud Pública y Cancillería
En el sector de salud, específicamente en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el contralor destacó que, por ejemplo, se detectó la compra de un medicamento valuado en G. 5.000 millones que estaba destinado a un paciente que, al momento de la adquisición, ya había fallecido. No se halló otro beneficiario para el fármaco, lo que provocó su vencimiento y la consecuente pérdida del millonario monto.
Además, cuestionó la falta de planificación en la adquisición de medicamentos, ya que mencionó se realizan compras sin contar con una lista previa de pacientes que realmente necesiten dichos fármacos o cuando estos están a punto de vencer.
Por otra parte, reveló que en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la CGR detectó que existen inmuebles para consulados y embajadas -por valor de G. 138.000.000 millones- que no han sido debidamente registrados a nombre del Estado paraguayo.
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Tipos de dictámenes y seguimiento a observaciones
El contralor también explicó que se emitieron dictámenes con salvedad para varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Administración Nacional de Puertos, Dinapi, Conatel y el Crédito Agrícola de Habilitación.
“El dictamen con salvedad significa que los estados contables demuestran una suerte de razonabilidad en sus estados financieros con la salvedad de algunas observaciones que se marcan que tienen que mejorar”, declaró.
En contraste, se emitieron dictámenes no razonables para el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). En el caso de Essap, se dio un dictamen con extensión, debido a que aún no se encuentra aprobado su balance, según explicó.
Indicios de hechos punibles serán remitidos a la Fiscalía
Benítez aclaró que las salvedades pueden representar o no hechos punibles. A partir del informe, las instituciones auditadas deberán presentar un plan de mejoramiento, y se establecerán mesas de trabajo con el área de Asesoría Jurídica para analizar si las observaciones tienen implicancias legales.
El contralor reiteró que, por ahora, no se puede hablar de hechos punibles, aunque los antecedentes podrían ser remitidos al Ministerio Público si se confirma alguna responsabilidad penal.
Rechazo al proyecto que amplía el Tribunal de Cuentas
Benítez, a su vez, insistió en que el Congreso debe rechazar el proyecto de ley que eleva de dos a cuatro las salas del Tribunal de Cuentas, instancia que se considera como la “favorita” de intendentes y autoridades públicas con denuncias de corrupción, por permitir que eludan los controles de la Contraloría.
“Hay que encontrar una salida que no favorezca a la impunidad”, expresó el contralor.
El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su estudio. Benítez advirtió que, de ser aprobado, la mayoría de las auditorías de años anteriores quedarían automáticamente juzgadas, debilitando la capacidad de control y fiscalización de la CGR.