El acusado Guido Ramón Vargas Gaete (exsecretario municipal del entonces intendente de Quyquyhó Esteban Samaniego, actual diputado) había recusado al juez Humberto Otazú y logró suspender la audiencia preliminar de la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del parlamentario y de otros acusados por supuesto desvío de fondos.
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El planteamiento fue presentado por el abogado Juan David Campuzano, quien alegó que el juez penal de garantías, Humberto Otazú, habría adelantado criterio al referirse a Vargas como supuesto cómplice en el momento de imponer medidas cautelares.
Sin embargo, para el Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala integrado por los magistrados: Arnulfo Arias, Mario Camilo Torres y Paulino Escobar el motivo alegado, no se adecua a la situación prevista para recusar al juez.
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De esta manera, el juez penal de Garantías, Humberto Otazú puede fijar nueva fecha para la audiencia preliminar.
En la causa están acusadas Patricia Corvalán y Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, esposa y madre del parlamentario Esteban Samaniego, respectivamente.
Además, otras doce personas, entre funcionarios municipales, empresarios y contratistas supuestamente vinculados a la red que desvió fondos de la municipalidad de Quyquyhó durante la gestión de Esteban Samaniego.
Si bien el diputado también está investigado, no puede ser acusado debido a sus fueros parlamentarios. En la Cámara Baja hay cinco pedidos de desafuero, pero el cartista sigue blindado por sus pares.