La peregrinación fue organizada por la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar) como un acto pacífico. Sin embargo, al llegar al Congreso Nacional, efectivos policiales exigieron al padre Luna retirar el cartel, bajo el argumento de la aplicación de la controvertida Ley del “marchódromo”.
Ante la amenaza de detención, el sacerdote accedió a dejar el cartel para no interrumpir el evento, pero fue calificado como “infiltrado” por miembros de la fuerza pública.
La declaración del Senado considera este hecho como un intento de criminalizar la protesta social y de deslegitimar el discurso popular, especialmente cuando proviene de actores religiosos que históricamente han acompañado las demandas sociales.
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El documento advierte que actos como estos evocan prácticas de censura propias de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando cualquier crítica al Estado era reprimida, incluso en ámbitos religiosos.
El texto también recuerda que la libertad de expresión y el derecho a manifestarse están protegidos por los artículos 26 y 27 de la Constitución Nacional del Paraguay, y que ningún acto de censura puede justificarse bajo criterios de orden público, sin que medien proporcionalidad y legalidad.
Por eso, se insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior a revisar los protocolos de aplicación de la ley del marchódromo, para garantizar que no se utilice con fines intimidatorios por portar mensajes sociales o políticos.
Opositores preocupados por mecanismos de represión
Durante el debate, los senadores firmantes —entre ellos Esperanza Martínez (FG), Yolanda Paredes (CN), Ignacio Iramain Chilavert (independiente), Eduardo Nakayama (independiente), José Oviedo (Yo Creo), Rafael Filizzola (PDP) y Lilian Samaniego (ANR, independiente)— manifestaron su preocupación por el uso de mecanismos de represión simbólica que vulneran el derecho ciudadano a expresarse, incluso en contextos religiosos.
La declaración también denuncia la censura a homilías y procesiones religiosas con contenido social, así como la persecución a líderes religiosos como el obispo Demetrio Aquino y el padre Pa’i Oliva por sus denuncias contra la corrupción y los abusos policiales.
Con el pronunciamiento se buscó fijar una posición institucional del Senado, además de hacer un llamado a preservar la democracia, la libertad de culto y el derecho a la protesta pacífica en el Paraguay actual.