El líder del grupo barra brava “La Plaza” del Club Cerro Porteño, Cristian Rafael Morínigo Ojeda fue detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya que detrás de esa fachada de fanático azulgrana, según las autoridades, lideraba una red de microtráfico de drogas que opera en al menos 40 barrios de Capital y Gran Asunción.
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Si bien se supo que en su pasado más reciente, hasta enero de este año, estuvo contratado como “ujier” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sus antecedentes como funcionario público datan ya desde 2015, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción.
Según la base de datos pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde 2015 a 2022 estuvo nombrado en Filo UNA, pero en el lapso de mayo de 2017 a julio de 2018 estuvo comisionado a la Cámara de Diputados.
Según el documento oficial, Morínigo Ojeda fue comisionado a solicitud de la entonces diputada Olga Ferreira (Partido Patria Querida), en cuya oficina supuestamente cumplió funciones hasta julio de 2018, cuando culminó el mandato de la legisladora.
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Posteriormente, retornó a Filo UNA hasta abril de 2022, cuando fue desvinculado y perdió su condición de funcionario permanente. Hasta ese entonces, cobraba alrededor de G. 5.281.900 entre salario y beneficios.
Un año después, desde marzo de 2023, ingresa como contratado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), siendo recontratado en dos ocasiones más hasta el 1 de abril pasado (2025) cuando ya no se le renovó el contrato.
Largo historial en Diputados
La Cámara de Diputados, en este último periodo, ha tenido a varios de sus funcionarios involucrados en connotados casos delictivos, algunos incluso con posibilidad de volver a sus cargos, pese a estar condenados en primera instancia.
En esta última situación se encuentra, por ejemplo, el “asesor” de Diputados con salario de G. 10.000.000 (suspendido por tiempo indefinido), Miguel Ángel Robles Ibarra, condenado en primera instancia a 10 años de prisión como cómplice del desfalco de G. 5.105 millones junto al exgobernador cartista de Central Hugo Javier González.
Ambos, recientemente, fueron beneficiados con libertad ambulatoria, lo que en cualquier momento le permitiría a Robles solicitar ser restituido en su cargo y volver a cobrar su salario.
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También retornó a la Cámara, beneficiado con su sobreseimiento provisional, el exdirector Willian Roberto Bogarín Campuzano que había sido detenido en un “mega” operativo contra una supuesta red que habría estafado unos US$ 1,6 millones a colonos menonitas del departamento de San Pedro.
Pese a dicho antecedente, Bogarín Campuzano ya se encuentra de vuelta en Diputados, a cargo de la diputada cartista Jazmín Narváez cobrando G. 19.300.000 al mes.
Más recientemente, también fue detenido Andrés Serafín Soloaga Balbuena por sospechas de vinculación con el asesinato y posterior abandono del cuerpo en pleno Barrio Villa Morra de Asunción del “tortolero” Dax Dimitri Fridrikson Martínez.
Soloaga Balbuena estuvo como funcionario nombrado de Diputados desde el 1 de enero del 2009 hasta el 29 de noviembre del 2024, tras ser sometido a sumario y constarse su planillerismo.
Otro caso muy mediático fue el de Anadelia Acosta Armoa, ahora exfuncionaria implicada en el presunto despojo de millonarias indemnizaciones a humildes familias de Caaguazú, cuyos familiares fallecieron por negligencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La misma tenía cargo de “asesora” en Diputados, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales con salario de G. 5.500.000.
Finalmente, tampoco se puede dejar de recordar el caso del hermano del diputado cartista Benjamín Cantero, el detenido en Bolivia con un cargamento de drogas Alcides Cantero Ramírez, que era chofer de su hermano en Cámara de Dipùtados y “repentinamente” desapareció, hasta que se supo el motivo: su detención.
Alcides Cantero llegó a cobrar G. 3.300.000 al mes en la Cámara Baja.