La reciente vigente Ley 7.445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, impulsada por el Gobierno, no busca reducir personal ni generar despidos masivos, sino mejorar la eficiencia y calidad del servicio público en Paraguay, según afirmó la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso.
“No se trata de una situación de desvinculación masiva. La ley apunta a generar los incentivos adecuados para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas”, afirmó.
La funcionaria explicó que la normativa no tiene efecto retroactivo, lo que significa que los funcionarios permanentes mantendrán su estabilidad y los derechos adquiridos. En cuanto al personal contratado, se aplicará la regla de la “necesidad fundamentada”, que exigirá a las instituciones justificar cada renovación del vínculo a partir del ejercicio fiscal 2026.
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Calidad institucional, no cantidad
Durante su intervención, Picaso sostuvo en que el principal problema del Estado no radica en la cantidad de empleados, sino en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas.
“Paraguay tiene una necesidad de seguir mejorando lo que las instituciones públicas proveen, de llegar mejor con bienes y servicios de mayor calidad a la gente”, indicó.
La viceministra señaló que el 40% del Presupuesto General de la Nación se destina al pago de salarios, lo que representa una carga significativa para el Estado.
En ese sentido, precisó que actualmente el Estado paraguayo emplea a 320.000 personas, cifra que representa aproximadamente el 10% de la población ocupada del país, según datos oficiales. También destacó que este porcentaje es inferior al promedio regional, que se sitúa entre el 13% y 14%.
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¿Trabas por acciones de inconstitucionalidad?
En otro momento, Picaso señaló que esta nueva normativa reconoce la autonomía de las instituciones, lo que -dijo- la diferencia del modelo anterior gestionado por la Secretaría de la Función Pública.
Según explicó, uno de los principales problemas del sistema previo fue la falta de reconocimiento de esa autonomía, lo que generó trabas legales y terminó en acciones de inconstitucionalidad que limitaron su aplicación.
Finalmente, la viceministra sostuvo que esta ley representa “un paso enorme para nuestro país”, ya que implica un cambio estructural en la gestión del servicio civil y el fortalecimiento de las instituciones públicas.