La reciente aprobación de una controvertida ley, criticada por su falta de claridad y diálogo, amenaza la autonomía de instituciones públicas y los derechos laborales conseguidos tras la transición democrática, según advierte el abogado Luis Bernis.
“Es una forma de convertir al funcionario en rehén del poder político de turno”, sostuvo Bernis, quien además afirmó que la ley no es clara y presenta contradicciones desde sus primeros artículos, lo que podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
El profesional advirtió que la norma implica un “avasallamiento” de la autarquía y autonomía de ciertas instituciones públicas que –por su naturaleza– deberían conservar independencia administrativa.
También cuestionó la forma en que fue aprobada, sin debate en el Congreso ni participación de sectores sociales, especialmente del interior del país. A su juicio, parecería ser una normativa importada, que no tuvo en cuenta la realidad ni la opinión de los actores involucrados a nivel nacional.
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Bernis advirtió además que la ley podría tener un impacto negativo en la defensa de los derechos laborales conquistados tras el inicio de la denominada transición democrática en 1989, al poner en riesgo la validez de convenios sindicales y beneficios adquiridos.
El abogado indicó que los funcionarios que se consideren afectados por la aplicación de esta ley podrían recurrir a acciones de inconstitucionalidad o presentar excepciones en el marco de eventuales procesos judiciales.
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Puntualmente, Bernis señaló que los primeros artículos de la ley están llenos de contradicciones y antinomias que perjudican a los funcionarios públicos, ya que dan lugar a interpretaciones, ya sean administrativas o en instancias judiciales, arbitrarias y discrecionales.
Agregó que la norma no habla con claridad, sino que pareciera que esconde lo que en realidad quiere y, según encontró esta norma, busca la centralización administrativa de todo el funcionariado público del país.
“Es decir, los organismos que tienen la autonomía y autarquía como el Poder Legislativo, los municipios y el Poder Judicial han sido violentados y restringidos porque hay una centralización del Ministerio de Economía y Finanzas y fundamentalmente desde un organismo que se llama unidad de gestión y desarrollo de las personas”, agregó.
Incluso comparó esta Unidad del Ministerio de Economía con la “Comisión de Salud” de la Revolución Francesa que permitía “cortar cabezas” respecto a personas y convenios.
Al respecto, señaló además que la normativa podría anular todos los convenios laborales negociados con los sindicatos de todo el sector público y les impedirá a los estatales defenderse.
Advirtió que ya existen antecedentes de patronales que simplemente acuden a tribunales que piden anular derechos adquiridos, la estabilidad laboral y convenios.