Encabezados por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, presidente de la denominada “Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos”, en resumen, Comisión “Garrote” se presentó de manera rimbombante su informe, que fue fulminado por senadores de la oposición.
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Aún así, la mayoría cartista, resolvió remitir el informe a la Fiscalía, a la Contraloría, Dirección Nacional de Ingresos Tributaria (DNIT), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), al departamento de Estado de los Estados Unidos de América y a los parlamentos regionales, todo esto, a pedido de Amarilla.
Pese a imponerse a votazo limpio, no pudieron sostenerse con argumentos, y de hecho, fueron fulminados por los opositores, empezando por el senador liberal independiente Eduardo Nakayama, que por los orígenes contaminados de esta comisión se considera “malparida” y que en su proceder, se confirmó como “inquisitoria”.
“Está comisión es una comisión malparida, porque se inició de forma ilegal el 26 de agosto del 2024, cuando esta mentada ley contra las Organizaciones sin fines de lucro recién entró en vigencia el 15 de noviembre de 2024”, señaló Nakayama y que procedió de manera “direccionada, selectiva, parcialista e inquisitoria”.
También mencionó que es “inconstitucional porque empezaron a pedir informes a instituciones privadas” en violación al artículo 223, inciso 6 de la Constitución, que establece que solo se puede solicitar informes a instituciones públicas, y en este caso se fueron contra organizaciones civiles y empresas, incluso presionando a la DNIT.
“Yo le felicito a la DNIT de tener la valentía de decirle no y ponerle un freno a esta comisión ilegal y decirle no se puede ventilar este tipo de datos, ¿por qué? Qué tipo de seguridad jurídica le vamos a dar el día de mañana a inversionistas si el día de mañana se le ocurre a cualquiera perseguir, porque esto fue absolutamente electivo“, remarcó.
Nakayama agregó que en el país hay más 12.000 organizaciones y se fueron contra 7 u 8 que “le molestaba a unos cuantos”, al mas el estilo dictatorial.
“Por eso se le puso comisión garrote de nombre, no es de balde ni porque se le antojó a unos cuantos. Esta fue un comisión que desde un principio fue direccionada, selectiva, absolutamente parcialista y también inquisitoria, porque se creyó la sagrada inquisición que podía hacer lo que quería”.
A modo de resumen, dijo que el informe final refleja el trabajo hecho, pero si se toma como base la frase: Dime de que te jactas y te diré de qué careces.
“En este caso todo lo que dice como conclusión esta comisión es de lo que ha carecido: ha carecido de objetividad, de imparcialidad y no ha tenido una participación plural de los afectados”, dijo.
Que el informe final presentado es un “este documento que tenemos acá, realmente como consecuencia de una comisión que fue malparida, no puede ser otra cosas que mamarracho y una basura que debe ir al basurero”.
“Comisión No pudimos”
En la misma línea, el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) remarcó la absoluta falta de resultados de esta comisión, más que el de intentar perseguir a personas que piensan distinto.
“En todo el informe no encontré ninguna evidencia de que se haya cumplido el objetivo que se propuso la comisión”, con lo cual se violó la Ley 317, que reglamenta las Comisiones Especiales de investigaciones, que tienen que tener un fin específico.
El mismo sugirió renombrarla “Comisión ‘No pudimos’” porque en su resumen reconocen el no haber llegado a ninguna conclusión relevante con la excusa de no haber accedido a documentación requerida.
“Lo que más se señala en este informe es no pudimos, no pudimos, no pudimos... si se le puede dar un título a la conclusión de esta comisión es: ‘No pudimos’” y fue porque pidieron información reservada y protegida por la ley, refirió el senador del PDP.
También remarcó que de manera airada ahora se dan cuenta de que existe el lavado de activos en nuestro país y que si realmente están preocupados, que “vayan a preguntarle a la de Seprelad (Liliana Alcaraz) a la que (el difunto diputado cartista investigado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico) Eulalio ”Lalo" Gomes le financiaba su campaña para la Asociaciones de Fiscales“.
Sin embargo, estos miembros de la comisión “salieron a pescar y como no encontraron nada de los salieron a buscar y lo único que hicieron perseguir y tratar de salir a ensuciar a personas” y que deja un “lamentable presidente” y ojala no pasemos por un “papelón de tal tamaño” de vuelta, dijo Filizzola.
Descoordinación entre el “cartismo” y el “santipeñismo”
Llamativamente, tanto el senador libero-cartista Dionisio Amarilla como su colega cartista y también miembro de la comisión “Garrote”, Gustavo Leite tirotearon contra el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué por no prestarse a entregar datos impedidos por la ley, pero cuando la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) planteó presentar una denuncia contra el funcionarios, el cartismo rechazó y lo protegió.
Durante su primera intervención, la senadora Paredes dijo no entender que los miembros de la comisión aleguen para justificar su falta de resultados diciendo que la Fiscalía y la DNIT el retaceo datos.
“Ahi no entiendo qué pasa, si la DNIT es chancho del mismo chiquero, cómo armaron una comisión bicameral donde la propia DNIT que es su funcionario, su persona afín al final no le da la información. Yo creo que hubo descoordinación con el grupo cartista y el grupo santipeñista”, dijo.
También dijo que si el objetivo de esta comisión era serio y con el antecedente de su mansión en San Bernardino, “Santiago Peña que hoy funge de presidente de la República debería ser el primer investigado si vamos a irnos al hecho punible de lavado de activos”, entre otros “varios personajes pululando por ahí” vinculados al contrabando y corrupción pública.
Retó a los senadores oficialistas crear una comisión conjunta para investigar los hechos de corrupción pública donde sí hay “despilfarro, donde se maneja dinero malhabido, donde está metido el hampa, la mafia y el narcotráfico”. El silencio cómplice fue su respuesta.
Ninguno pasa un test de ética, dicen
Por su parte, el senador opositor independiente, Ignacio Iramain remarcó que desde un inicio la comisión se formó con “sesgo ideológico y que es un ”medicamento vencido", que operó fuera de los plazos legales, y que además, casi todos los miembros de la comisión carecen de altura moral para investigar.
“Si vemos la comisión, tendríamos que también exigir que sus miembros tengan autoridad moral y creo que muy pocos sobrevivirían a eso. Además de ser un medicamento vencido porque como dijeron, vienen con fecha de vencimiento”, apunto Iramain.
Por citar unos casos, el presidente Dionisio Amarilla había sido expulsado del Congreso el periodo pasado por presunto tráfico de influencias, el senador cartista Gustavo Leite ocultó su vinculación a una oenegé que recibe fondos de Itaipú y que no fue investigada, además de no haber declarado su participación accionaria en una empresa ligada al caso fentanilo mortal en Argentina.
Iramain también le dio a los cartistas una clase de bases académicas y científicas que pudieron haber consultado para hacer la investigación de manera seria, y no presentar este “mamotreto” presentado.
Tomó como ejemplo de las conclusiones, que cuestionan los supuestos altos salarios en las ONG, lo cual es un contrasentido para los cartistas que tienen un batallón de “nepobabies” colgados del Estado.
“El muerto se asusta del degollado.(...). Acá somos un grupito de privilegiados que no solamente gana salarios altos, ganan muchas cosas más por los negociados paralelos que hacen y quieren venir a pontificar que estas ONG tenían salarios altos. Dicen que no tenían control ciudadano las ONG... ¿Y los nepobabies? (...) ¿pero de qué están hablando? ¿Con qué autoridad moral?“, disparó Iramain.
“No tenemos nada del caso Gomes”, ratifica Soroka
El senador colorado independiente Colym Soroka, miembro de la Comisión “Garrote” reconoció que se aplazaron con el caso del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, muerto a tiros durante un allanamiento fiscal-policial a su residencia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
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“Yo me siento totalmente inconforme con el caso Gomes presidente, que es principalmente a lo que yo me aboqué” y “no he tenido absolutamente ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía la respuesta que hubiese querido para darle respuesta a la ciudadanía”, refirió Soroka
Este caso evidencia perfectamente el afán únicamente persecutorio de la Comisión “Garrote”, ya que el caso Gomes tienen indicios de lavado de dinero, crimen organizado y ramificaciones políticas, sin embargo, los demás miembros se centraron en atacar a supuestos enemigos políticos.
De hecho, Soroka preguntó a sus colegas: “Por qué lo que nadie quiere hablar de este caso? ¿quién o quienes están detrás de esto?, porque el Sr. Gomes desnudó la realidad de la justicia paraguaya. Ese teléfono nos mostró la miserabilidad de la forma del manejo de la justicia paraguaya y nos callamos".
Al referirse al teléfono, hizo alusión a la filtración de los chats donde se evidencia que “Lalo” manejaba a jueces y fiscales en connivencia con el ahora exdiputado cartista y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo y planteó que hay que también poner la mira sobre la justicia, diciendo que “si hay que darle garrote como tanto dicen, démosle garrote a la justicia”.
Recordó que su insistencia en indagar el caso le costó que le dejen un bala como amenaza.