Aunque la necesidad de hacer ajustes en la Caja Fiscal es innegable, no hay que olvidar que a esa situación se llegó por los privilegios excesivos otorgados históricamente por la clase política con el afán de ganar votos.
Ahora, cuando se plantea un “ajuste”, van contra los más débiles. El propio presidente de la República, Santiago Peña, defendió la jubilación vip de los legisladores, cuyos únicos “méritos” consisten en ser absolutamente sumisos y abyectos a sus pedidos, y todo ello a costa de toda la ciudadanía.
Actualmente, los legisladores pueden jubilarse de manera extraordinaria (2ª columna de la info) con apenas 55 años y 10 años de aporte, con el 60% de su salario legislativo, lo que en la actualidad implicaría unos G. 22.740.000 al mes.
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De completar 3 periodos (15 años) el monto de jubilación asciende –según el total del salario parlamentario actual– a G. 30.320.000.
Aunque cualquier trabajador del sector privado asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS) también puede acojerse a la jubilación de manera voluntaria a los 55 años, este debe completar 30 años de aporte como mínimo y tendrá derecho a cobrar solo el 80% de su salario promedio de la última década.
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Para cobrar el 100% de su jubilación, un aportante de IPS debe llegar a los 60 años (con 25 años de aporte). La tercera opción en el caso de los “comunes”, que es llegar a los 65 años y tener 15 años de aporte, lo que le habilita a una jubilación equivalente a 60% de sus últimos salarios.
Otro argumento de los legisladores para intentar justificar su jubilación privilegiada es que aportan el 22% de su salario y supuestamente no tiene “aporte patronal”, es decir, del Estado.
Esto es una falacia, ya que el año pasado, de un plumazo, el Congreso, con aval de Peña, aprobaron una ampliación presupuestaria de G. 3.500 millones para calzar su caja de jubilaciones deficitaria, con dinero de todos los contribuyentes.
Mientras tanto, este gobierno y su “aplanadora” aprobaron rudamente la Ley 7446/2024, que elevó de tres a diez años el promedio de ingresos que se toma como base para determinar el haber jubilatorio en IPS, mientras que para los legisladores se toma el promedio de los últimos 5 años.
Otra ventaja que tienen los parlamentarios, a diferencia del aportante de IPS, es que si no quieren jubilarse en la Caja Parlamentaria, pueden retirar sus aportes.
Otro hecho que hace insostenible la Caja Parlamentaria es que, por ejemplo, un legislador que se jubila a los 55 años de manera extraordinaria, aportando en total unos G. 1.000.560.000 por los 10 años requeridos (correspondientes al 22% de su salario), en poco más de 3 años y medio ya estaría recuperando todo lo que aportó. En el caso de la jubilación ordinaria, en más de 4 años ya empezarían a cobrar más de lo que aportaron.
El promedio de expectativa de vida en nuestro país es de 74 años, es decir, que a partir de los 58 o 59 años la jubilación de un legislador ya excede lo aportado.
Aplastante mayoría para su provecho
En su informe de gestión ante el Congreso, el presidente de la República, Santiago Peña, catalogó a miembros de su grupo, que es mayoría en ambas cámaras del Congreso, como la “aplanadora del bien común” pese a que a en dos años han demostrado nulo interés en los problemas reales de la ciudadanía.
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Por la amenaza de paro del transporte público es imposible dejar de mencionar que el Gobierno se ha mostrado indolente ante la crisis en ese sector, que lo padece históricamente la población de a pie.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, en junio del año pasado había prometido que ese mismo mes el Poder Ejecutivo remitiría un proyecto de “reforma” del transporte público, que ahora otra vez prometieron que enviarían en un par de semanas. Mientras tanto, la “aplanadora” se encargó de anular cualquier propuesta de la oposición para tratar de dar una mano en la solución.
También esa misma mayoría cartista ha frenado los diversos intentos para tratar de dotar de mayores recursos financieros para la compra de medicamentos y solventar estudios en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
El mismo Peña, quien se llenó la boca de “alabanzas” a su “aplanadora”, fue el que vetó hace unos meses el proyecto de ley que planteaba otorgar una pensión digna a personas con discapacidad, lo cual fue aceptado por sus aliados en el Congreso y mandado al archivo.
Incluso leyes que aprobaron a tambor batiente por la supuesta “urgencia”, como la que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, sirvieron solo para ubicar millonarios fondos del Instituto de Previsión Social en el banco de sus exsocios comerciales. Mientras, siguen postergando otras decisiones realmente urgentes, como es intervenir las cajas de jubilaciones ya en crisis, entre ellas la de los funcionarios municipales. También crearon un enorme conflicto con la ley de patentes de vehículos.